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Luis Guillermo Guerrero, Director del Centro de Investigación y Educación Popular estuvo en Londres

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Luis Guillermo Guerrero, Director del CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular. Foto Cinep 


Por Ulysses Maldonado F.


En Colombia, varias organizaciones están trabajando de manera ardua y le están “metiendo el hombro” a la implementación de los acuerdos de paz que se lograron después de cuatro largos años de diálogos, de muchos ires y venires, con sobresaltos y tropiezos en La Habana y que dieron como resultado, el pasado mes de noviembre de 2016, la firma de las partes para poner a marchar al país en el camino anhelado y deseado de la paz.


Pero, ¿se está llevando la implementación como tal? el director del CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, Luis Guillermo Guerrero, estuvo de visita en Londres y expuso su punto de vista sobre este tema a la comunidad residente en el Reino Unido. Express News estuvo en el evento y recogió algunos puntos clave sobre la presentación del Director del CINEP.


Hay cinco puntos principales en los acuerdos que son importantes para llegar a un proceso de desarrollo y real de paz en Colombia. Por ejemplo, el desarrollo agrario y la concentración de tierras, la participación política sin armas, drogas ilícitas versus desarrollo alternativo, reparación de víctimas y el tema de la justicia transicional, el desarme y la movilización. Algunos se han cumplido por parte de las Farc, pero el gobierno aún no ha puesto el suficiente interés y no ha cumplido con varios de estos, empezando por la ubicación en las zonas territoriales de paz.


Así las cosas, el balance del proceso de implementación resulta a todas luces muy desalentador y expresa el anquilosamiento de las clases dominantes, quienes encuentran que una efectiva implementación de lo acordado, se vuelve una amenaza a sus privilegios afianzados históricamente por los órdenes de la guerra, como única solución a los problemas sociales y políticos.


Y es justamente, el temor a la paz y al fortalecimiento del “poder de la mayoría”, el que permite explicar los múltiples obstáculos que la burocracia y la tecnocracia del gobierno ponen para que esto no vaya como se desea.


Y.. ¿los políticos que están haciendo?


Hay un arsenal de políticos y de técnicos en muchos temas que no empujan el proceso sino que más bien lo entorpecen y dilatan con sus ejecuciones y tareas. La clase política representante de esas oligarquías, los dirigentes del poder judicial, y por supuesto las estructuras políticas, le han impuesto este estilo a la implementación de lo acordado.


El balance normativo de la implementación es a todas luces problemático, complejo y muy lento; por ejemplo, los desarrollos en el punto rural y agrario son insuficientes, y en algunos casos han pretendido recortar lo acordado. Quizá uno de los elementos más problemáticos es la resistencia del gobierno a reconocer el criterio de focalización hacia las comunidades rurales más pobres y los pequeños propietarios o trabajadores agrícolas sin tierras.


Anuncio de acuerdo de dejación de armas. Imagen de archivo. Tomada de internet


¿Participación política a medias?


En el tema de la participación política, la discusión en el Congreso ha limitado el alcance de la reforma política y pretende restar nivel de representatividad a las circunscripciones especiales transitorias de paz con la prohibición del voto a los electores inscritos en las cabeceras municipales. Y finalmente, algunas tareas legislativas entre las que hay que referenciar la ley de participación ciudadana y reformas normativas para el tratamiento de protesta y movilización no se han podido tramitar con celeridad y la amplitud deseada.


La reincorporación ¿en contravía de lo acordado?


Otro punto fundamental como la reincorporación económica y social no ha avanzado, y se advierte una intención gubernamental de individualizar el proceso en contravía del carácter comunitario que define la organización de este grupo social.


Y no podemos dejar al lado el tema de los cultivos ilícitos, En los últimos meses después de la firma de los acuerdos las comunidades han denunciado una agresiva política de erradicación forzada y han llamado al Estado y las autoridades departamentales al cumplimiento de los establecido en el decreto ley 896 de 2017.


Parece que la intención clara del gobierno concentra sus esfuerzos en que las Farc-EP hicieran la dejación de las armas, pero olvidó su responsabilidad en generar condiciones de vida digna para la reincorporación de los miembros de este grupo. La negación a la formalización en la entrega de tierras es una expresión de esta actitud. Más alarmante resulta la imposibilidad de garantizar la vida de los y las guerrilleras.


¿La política con el nuevo partido de las Farc es viable?


En el tema de la participación política se requiere especial atención ya que el análisis de la actual situación no es para nada alentador. Pese a que las Farc-EP hicieron su transición a la vida legal democrática y constituyeron su partido político, Fuerza Alternativa Revolucionara del Común. La clase dirigente se niega a reconocer su carácter político de actor legal democrático y en el marco de la discusión de la ley estatutaria de JEP quieren imposibilitar su participación en el proceso electoral del 2018.


El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se encuentra con Timochenko, máximo jefe de las Farc, luego del acto de dejación de armas en Mesetas (Meta). Imagen archivo. Tomada de internet


¿La justicia en los acuerdos se cumple?


Un tema álgido y bien delicado como lo es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz, advierte de una segunda renegociación, tal como se ha hecho manifiesto con las posiciones del Fiscal y de algunos movimientos o sectores políticos frente a la discusión de la ley estatutaria de la JEP. Develando realmente, el temor de una diversidad de actores económicos y políticos que promovieron la guerra a que se sepa la verdad.


El peligro en que está la paz, requiere de la vitalidad del movimiento popular, de las organizaciones estudiantiles, juveniles, campesinas, urbanas, ambientalistas, LGTBI, de mujeres, de comunicación, afrodescendientes, indígenas, entre otras que se la han jugado históricamente por la construcción de un mundo justo. Hacer resurgir esta vitalidad es dignificar la lucha de esos valientes que han muerto a manos de las fuerzas represivas del Estado.


“Espero que cuando estemos celebrando la navidad ya el acuerdo de paz se esté implementando”


¿Qué debe hacer la sociedad?


Se hace necesario construir información, difundir, analizar y trabajar para hacer política pública y debate público.

Que los colombianos se apropien y se empoderen para continuar con un proyecto de futuro estable y de progreso en paz.


Se debe tener en cuenta el concepto de paz territorial y étnico, de género como diversidad y entender que somos diferentes en la unidad de país. Hay que repolitizar a la sociedad colombiana, construyendo un tejido social que cambie la cultura política existente.


Hay una ignorancia provocada en cuanto a la participación política debido al bajo o nulo nivel pedagógico y educativo de la sociedad y por lo tanto no hay pedagogía de los acuerdos.


No podemos dejar a un lado el asunto de la “parafernalia mediática” que en últimas es la estrategia pedagógica educativa vigente que le está afectando de manera profunda al país y lo que se necesita es la participación cualificada de ciudadanos.


Farc entregó 8112 armas a la ONU. Imagen archivo. Tomada de internet


Así las cosas, el balance es alarmante. El incumplimiento por parte del gobierno colombiano, así como los anuncios desde diferentes actores políticos sobre la necesidad de “Revisar lo acordado” y en el peor de los casos de “hacer trizas el acuerdo”, advierte frente a la incapacidad, o mejor aún la reticencia, de las clases dominantes a construir los mínimos para una democracia liberal


Sabemos que hay actores y sectores que están contra este proceso como los narcotraficantes, los terratenientes y latifundistas, la minería ilegal y el mismo Estado con su alarmante corrupción política en todos sus niveles y esferas.

Y del presupuesto para ejecutar este acuerdo definido por el gobierno para financiar el Plan Marco de Implementación, resulta insuficiente para avanzar en una materialización efectiva de lo acordado. La cifra de los 129.5 billones contrastan con diversas estimaciones que han realizado centros de estudios y entidades, en las cuales se hablan de cifras que oscilan entre 200-400 billones de pesos.


Por ahora los proyectos colectivos han arrancado, sin embargo, las Farc vienen cumpliendo pues hace poco terminaron de entregar más de 9 mil armas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).


La gran pregunta que se hace en este caso sería, si siguen los incumplimientos tan abruptos por parte del Gobierno, las Farc estarían dispuestas a abandonar la vida civil o volverían a la guerra como ya lo han hecho algunos de sus miembros.


¿Las organizaciones siguen siendo amenazadas?


No podemos ignorar que también han asesinado a nuestros colegas y compañeros.


Estamos conmemorando precisamente los 20 años del asesinato de Mario Calderon y Elsa Alvarado y se radicó el proyecto de ley de honores en donde se quiere conmemorar y hacer oficial que el 19 de mayo de todos los años, sea el día contra la impunidad.


Varios senadores y representantes a la cámara propusieron este proyecto y confiamos en que tenga apoyo.