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Maduro informa que no hubo autogolpe de estado y que los cuerpos de seguridad han actuado de forma impecable

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Por Carmen Chamorro García

Debido a los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela (protestas y enfrentamientos en las calles) y su “irresponsable manipulación”, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ha querido aclarar que en Venezuela no hubo, ni hay un autogolpe de Estado. “La Asamblea Nacional no ha sido disuelta en ningún momento y sus competencias siguen vigentes”, han asegurado a esta corresponsal fuentes de la misma diplomacia en la capital española.

Según la citada diplomacia bolivariana, el Poder Público Nacional está dividido en 5 ramas como el poder Legislativo, el poder Ejecutivo, el poder Judicial, el poder Ciudadano y el poder Electoral. Debido a que la Asamblea Nacional (poder Legislativo) se encuentra en desacato judicial y la mayoría opositora insiste en sabotear la labor de Gobierno (poder Ejecutivo), así como en llamar a una intervención internacional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (Poder Judicial) se ha pronunciado, dentro de las competencias que le asigna la Constitución, para garantizar el equilibrio institucional y la estabilidad del país.


Las mismas fuentes han querido expresar a esta corresponsal que sectores de la oposición venezolana, impulsados por factores internacionales, promueven el caos y acciones terroristas, para aumentar la presión social y económica que justifique una intervención extranjera.


Para el gobierno de Nicolás Maduro, los cuerpos de seguridad ciudadana han actuado de forma impecable, bajo la directriz de mantener un riguroso apego a la Constitución y normativas de protección a los Derechos Humanos, evitando todo tipo de provocaciones, y limitándose a controlar a sectores exaltados o que actúan directamente fuera de la legalidad, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.


Todos los partidos políticos, incluyendo los opositores, siguen operando en el país e internacionalmente con plenas garantías y libertad, hecho que puede corroborarse ampliamente en la prensa venezolana e internacional.


Por lo visto, el pasado 7 de abril, la Contraloría General de la República, organismo autónomo administrativa y organizativamente, integrante del Poder Ciudadano, informó de la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 15 años, previo cumplimiento de procedimiento administrativo –en el que se le ha venido garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso— ,de activista político, Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado Miranda. Estas mismas fuentes han explicado que la inhabilitación se debe a que incurrió en ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador los años 2011, 2012 y 2013, incluyendo la realización de convenios de cooperación internacional, sin autorización del Consejo Legislativo del estado. La ejecución de esta sanción surtirá efecto a partir de que Capriles termine su mandato como gobernador.


La Contraloría General de la República se rige por las competencias que le asigna la Constitución en el artículo 289, numeral 3, así como por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Ley aprobada en diciembre de 2001 por unanimidad (es decir apoyada por los partidos de oposición, incluyendo el de Capriles). En la Gaceta Oficial Nº 37.347 de fecha 17 de diciembre de 2001, se puede ver la Ley, que establece en el artículo 105 las competencias del Contralor para imponer inhabilitaciones para el ejercicio de funciones públicas. La 

Contraloría ha inhabilitado desde el año 2001 a más de 1000 funcionarios y particulares relacionados con entes públicos. 


Entre los inhabilitados hay ciudadanos de todas las tendencias políticas.


Finalmente, Maduro ha reiterado la idea del absoluto rechazo a la actitud injerencista de algunos gobiernos que intentan desviar la atención de sus problemas internos y debilidades institucionales, manipulando la realidad de Venezuela.