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América Latina

El nuevo acuerdo en Colombia será el definitivo

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Por Carmen Chamorro García, Directiva Del Cip/Acpe Y Miembro De Adesyd

Jhon Freddy León, miembro de la Corporación Solidaridad Jurídica en Colombia, y uno de los principales acompañantes de la Mesa de Paz en la Habana denuncia a esta corresponsal española la supuesta cifra alarmante de más de 9.000 prisioneros políticos registrados en Colombia. En una gira internacional, en busca de respaldo, solidaridad y acercamiento de visitas de verificación, Freddy León lanza un mensaje al Gobierno de Santos: no se puede hablar de Paz en Colombia, mientras exista hacinamiento en las prisiones colombianas. Freddy León, en una breve pero intensa entrevista, hace un análisis complejo a esta periodista de las líneas rojas y motivos del fracaso del plebiscito pasado para el entendimiento de este sorprendente resultado.


Bajo su propia opinión, el nuevo Acuerdo definitivo es clave para lograr la Justicia social y llegará a buen puerto a pesar de que ciertos sectores como el Centro Democrático en Colombia (partido político colombiano fundado en 2013 por el ex-presidente Uribe), o representantes muy próximos a ex políticos como Alvaro Uribe o Andrés Pastrana lo van a obstaculizar, según su versión. “Conversar en la Habana de manera discreta y alcanzar la Paz no es suficiente con la ausencia de los fusiles, sino solventando los problemas que dieron lugar a la confrontación armada entre guerrilla y Gobierno. El proyecto paramilitar nunca desapareció”, apunta Freddy León.


Este dirigente político colombiano hace un análisis particular apelando a que el fracaso y la derrota del SI durante la pasada votación fue debido a dos condiciones. De un lado, la abstención quien fué realmente la ganadora, dado que el 60% de los votantes no salió a las calles, lo que determinó un nivel participación política muy bajo, y de otro lado, el respaldo del proceso de Paz, que paradójicamente se llevó a cabo en los sitios de confrontación de más alto nivel. Las zonas de conflicto se decidieron por la solución política. Sin embargo, los lugares que han padecido menos los estragos de esta coyuntura de más de 50 años miran de manera negativa al proceso.


Por lo que respecta la guerrilla de las FARC en su incursión en la nueva vida política colombiana, este representante político estima que Luis Carlos Vélez, asesor en la campaña electoral del sector proveniente del Uribismo, se apuntó supuestamente de engaños durante su desarrollo. A los tres días de conocerse los resultados, Vélez admitió una campaña que cometió irregularidades, con la idea de generar confusión en la opinión pública.


En relación a las líneas rojas innegociables para ciertos sectores, Jhon León alude a dos elementos básicos y explica que “el Centro Democrático junto a sectores que representan el uribismo solicitan la ilegibilidad política de las FARC, lo que veo como absurdo. Si se pactan nuevas reglas en el marco de la decisión democrática legal, tendrán que ser respetadas”.


Con el nuevo Acuerdo en materia de Justicia, -componente más debatido-, la perspectiva y el paradigma establecido anteriormente (cárcel sinónimo de Justicia), sufre una fuerte variación y pasa a ser una Justicia restaurativa y punitiva de alguna manera. “Meter en prisión a los paramilitares constituyó un fenómeno de impunidad para no contar la verdad al país”.


Así las cosas, el nuevo Acuerdo propone sobre todo, la reparación y resarcimiento material de víctimas, a través de una Justicia restauradora que evita el hacinamiento carcelario y el procesamiento a actores del conflicto. No es un proceso de sometimiento a la guerrilla. Se alude, por tanto, a una nueva Justicia con facultades y competencias en el tratamiento no solo de las conductas de los adversarios combatientes (militares y guerrilla), sino también de las personas que han colaborado en el conflicto como clase política, empresarios y medios de comunicación. Las FARC no van a abandonar 52 años de confrontación armada con veto político. La cárcel es otra línea roja. Se ha pactado un modelo nuevo de Justicia que no es de sometimiento, sino de procesar eventualmente, y sancionar a los responsables de hechos considerados delictivos en el marco del conflicto y esto, será positivo para todos.