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Reino Unido

El futuro incierto del sistema de justicia en Reino Unido

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Foto thebureauinvestigates.com


Colin Gordon

www.colingordon.co.uk

«Hay que recuperar el control de nuestro propio destino»: este ha sido el tema predominante en el que los partidarios del «Fuera» centraron su campaña en los últimos meses. Lo que han querido significar es que todas las decisiones sobre cuestiones fundamentales relacionadas con la economía, las medidas de inmigración y la forma en que el país es gobernado deben ser tomadas únicamente por el primer ministro, el Consejo de Ministros y el Parlamento - no «por gente que nadie eligió en Gran Bretaña ni nadie puede despedir» (como lo cita el editorial del 18 de junio The Spectator abogando el «Fuera»). La revista puntualizó que el ministro de Justicia, Michael Gove, ha revelado que «regularmente se encuentra obligado a procesar edictos, normas y reglamentos que han sido formulados al nivel europeo», que ninguna persona en el Reino Unido ha solicitado ni que la Cámara de los Comunes tiene poder para cambiar.


A lo que los «Dejadores» se opusieron principalmente es que muchas normas de la UE sobre cuestiones tales como reglas comerciales comunes, los subsidios a la agricultura y la pesca, las regulaciones ambientales, acuerdos con relación a transporte y la cooperación en materia energética son «automáticamente preceptivos para el Reino Unido y no pasan por el Parlamento». Además, una vez que una nueva legislación de la UE ha entrado en vigor, «el Reino Unido debe cumplir con él o ser censurado por los jueces del Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo».


Sin embargo, fue la supuesta amenaza al sistema judicial del Reino Unido y por lo tanto a «nuestra libertad» la que provocó la ira de muchos simpatizantes del «Fuera». Antes del referéndum, el Daily Express publicó un informe «exclusivo» sobre un «complot de Bruselas» de imponer una ley mediante la cual (afirmó el periódico) «planes de crear un fiscal centralizado de la UE (EPPO) socavarán fatalmente nuestro sistema legal y suprimirán los principios de un juicio por jurado y de “inocente hasta que se demuestre lo contrario”, que han sido los derechos fundamentales de los británicos desde que el Rey Juan firmó la Carta Magna en 1215».


El 7 de abril, el Diario UKIP (Partido Para la Independencia del Reino Unido) denunció un presunto proyecto de la UE para forzar los Estados Miembros a adoptar Corpus Juris, un código penal «vagamente modelada en el sistema napoleónico continental». Si esto llegara a ser implementado, los procesos tendrían que ser oídos por jueces profesionales, y no por jurados o «magistrados legos», un requisito que «diluiría la protección ofrecida por las prácticas anglosajonas». Según Christopher Gill, presidente de la Asociación de la Libertad, bajo el Corpus Juris, no habría ninguna ley de Habeas Corpus (por el que un acusado debe ser llevado a un tribunal público dentro de un período muy corto de tiempo, generalmente 24 horas, y los acusadores deben presentar sus pruebas inmediatamente), ninguna presunción de inocencia o derecho a juicio por jurado.


No obstante, incluso ahora en el Reino Unido, hay un desacuerdo considerable con respecto a si el sistema de jurado está obsoleto. El columnista de The Guardian, Simon Jenkins, lo ha representado como «un ritual arcaico, una pérdida de tiempo para las personas que trabajan» y de todos modos que «el 98 % de los juicios son ahora juzgados por magistrados o jueces por su propia cuenta o con asesores». Aunque el autor Trevor Grove ha inquirido en The Independent si muchos miembros de los jurados entienden el concepto de «más allá de toda duda razonable» al llegar a su veredicto,

también ha expresado su sorpresa de que «estos voluntarios no remunerados, sin entrenamiento, elegidos aleatoriamente, que están compelidos de repente a emitir un juicio en casos a veces muy inquietantes, casi siempre se muestran a la altura».


Cualquier persona que está en el registro electoral para su área (sea un ciudadano británico, de la UE o de la Commonwealth) entre la edad de 18-75 años y ha sido residente en el Reino Unido durante al menos 5 años es elegible para el servicio de jurado obligatorio. Las excepciones solo se conceden en circunstancias tales como estar en libertad bajo fianza por un delito, que tiene un conocimiento muy limitado del idioma inglés o para algunas profesiones, como la de ser un ministro religioso o un miembro de las fuerzas armadas. Las excusas por haber reservado unas vacaciones o estar a punto de someterse a una operación serán aceptadas una sola vez en un año calendario.


La duración estándar de la función de jurado es alrededor de dos semanas, su empleador no tiene que pagar su sueldo durante este período, pero puede recuperar su pérdida de ingresos de la Corte. Está prohibido buscar en internet información sobre el acusado, y luego compartirlo con otros miembros del jurado, revelar el contenido de las deliberaciones del jurado después de que el caso ha terminado, o escribir después al acusado que fue encontrado culpable para expresarle su pesar por el resultado - (lo que ocurrió recientemente). De hacer esto, corre el riesgo de ser condenado a prisión por desacato al tribunal.