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​Guillaume Long, Ministro de Cultura de Ecuador

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Estuvo unos días en Londres para dar a conocer el proyecto de Ley de Cultura que está a punto de aprobarse en Ecuador y que significará una transformación profunda en muchos sentidos, y aprovechamos para hablar con él sobre la cultura latinoamericana y los cambios que la nueva ley establece.


Enrique D. Zattara

www.elojodelacultura.com


El proceso de Revolución Ciudadana en Ecuador apostó desde un principio al desarrollo de lo que llamamos Talento Humano – señala Long anticipándose a nuestras preguntas - Insisto en esto de Talento Humano, porque creo que hay una diferencia ideológica con la manera habitual de denominar el factor humano en la producción como Capital Humano o Recursos Humanos, lo que convierte a la persona en un mero instrumento económico. Para nosotros Talento Humano es otra cosa, es destacar al hombre íntegro por encima de su simple papel en la economía, creemos en una Sociedad CON Mercado, no en una Sociedad DE Mercado. Y cuando pensamos en el Talento Humano lo hacemos pensando en superar esa antigua condición que siempre condenó a nuestros países a jugar un papel sólo basado en la extracción y exportación de materias primas: petróleo, banano y frutos del mar, para traducirlo al Ecuador moderno.

Lo que pretendemos desde 2007 es alejarnos de este patrón exportador de materia prima y diversificar nuestra economía, apuntando sobre todo al desarrollo del conocimiento, que en el mundo actual es el principal elemento de creación de riqueza. Si ya el modelo clásico de importación de productos elaborados nos colocaba en una situación de asimetría con los países centrales, la desigualdad en la producción de conocimiento e información nos va a poner en mayor desventaja aún. Este criterio es en cierta forma el que dirige todas nuestras políticas de inversión pública en la Revolución Ciudadana. En Ecuador, el Ministerio de Cultura y Educación es el ministerio de mayor presupuesto, y estamos seguros de que hemos concentrado gran parte de nuestro proyecto transformador en desarrollar una política educativa. La inversión educativa es el 2,13% del PIB, cuando la media de los “países ricos” según la OCDE es del 1,7%.


¿Cómo se traduce en objetivos esa importante inversión educativa?


Esa inversión implica no sólo atender a la enseñanza superior, sino plantearse un ciclo educativo integral. Actualmente, la Educación Inicial obligatoria pública empieza en Ecuador a los tres años, algo que en el pasado estaba reservado a la enseñanza privada. En pocos años han ingresado a la Educación Inicial Pública más de medio millón de niños; y eso significa inversión en infraestructuras, formación de maestros, etc. Hemos reforzado la Educación Básica, que en Ecuador es hasta los quince años, y el Bachillerato. Pero también hemos dado un gran impulso a la Educación Técnica y Tecnológica. Estamos construyendo 40 nuevos institutos para 3.000 estudiantes cada uno. Y desde que se aprobó la “Constitución de Montecristi”, que es como llamamos a la que se aprobó bajo el gobierno del Presidente Correa, la educación universitaria es totalmente gratuita, y esa garantía es constitucional.

El proceso democratizador en la educación ha sido espectacular, pero no por ello descuidamos el elemento calidad. Durante el neoliberalismo de los noventa en Latinoamérica sufrimos una vorágine de creación de universidades de todo tipo, que en realidad eran negocios para grupos educativos privados, y que terminaron por convertirse en verdaderas máquinas de vender títulos. Eso desprestigió mucho el nivel de la universidad latinoamericana, y nosotros lo estamos revirtiendo. En estos años no nos tembló la mano para cerrar catorce universidades y reubicado a los alumnos “estafados” en otros centros con el objetivo de controlar eficazmente la calidad de la enseñanza y evitar manejos realmente fraudulentos; y además lo hemos hecho con apoyo de la comunidad educativa. En definitiva, nosotros rehusamos ese falso dilema que a veces se plantea entre democratización y calidad, creemos que ambas son necesarias en la misma escala y que se pueden desarrollar políticas educativas que compatibilicen los dos objetivos.

El proceso de reforma de la educación superior ha sido quizás uno de los mayores logros de la Revolución Ciudadana. No sólo se ha producido un aumento brutal de la calidad, reconocido en todo el mundo, sino que hemos hecho cosas como por ejemplo triplicar el número de estudiantes de origen indígena en las universidades. Actualmente más del 20% de los estudiantes universitarios son de primer generación, es decir, son jóvenes que sus padres no fueron universitarios. Esa es la forma que creemos más adecuada de empezar a romper el “ciclo de la pobreza”.


Pero admitamos que no sólo la escuela forma la cultura de los ciudadanos. En realidad suele suceder que muchas veces los avances de la educación formal se ven frustrados por la “educación informal”, que es la que se recibe a través de la familia, los medios de comunicación, la publicidad, que son quienes realmente forman el pensamiento de la gente.


La educación formal, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, es una preocupación básica de la Revolución Ciudadana, pero no nos podemos olvidar de otro aspecto. Gran parte de la lucha contrahegemónica, es decir la lucha contra los poderes hegemónicos que se manifiestan a través de la cultura, de lo que Gramsci llamaba “el sentido común”, se da en un territorio más amplio que el de la escuela. En este sentido, el Ministerio de Cultura es el ministerio más transversal en la sociedad, porque todo es cultura, lo ético y lo estético, los valores y la política. El reto transformador contemporáneo es el de compatibilizar universalismo con diversidad. Muchas veces, incluso desde la izquierda política, se ha intentado recurrir a una suerte de “cultura oficial” productora de conceptos homogéneos, defensora de ciertos principios de la comunidad en parte rígidos e incuestionables. En la Revolución Ciudadana, en cambio, pensamos que lo que tenemos que hacer es “nivelar la cancha” para que todos tengan la misma igualdad de oportunidades para producir cultura. Pero es hasta allí donde debe llegar el Estado, el resto debe surgir de la propia realidad de las personas. Y es así como se abre la puerta a desarrollos culturales diversos, y es esa diversidad la que genera resistencia contra los poderes culturales hegemónicos, monopólicos, creados sólo por razones de mercado o ideología.

La realidad de la cultura en el liberalismo, con un gran predominio del mercado y los medios de comunicación, limita la cultura y el entretenimiento a un solo formato, a un mismo tipo de producto que vende. Vivimos engañados pensando que el mercado garantiza diversidad, cuando en realidad es lo contrario, es el mercado el que fija los valores y estandariza los patrones: desde la belleza al entretenimiento y todo regido por criterios de rentabilidad. El Estado tiene entonces una gran responsabilidad, que es la de generar las condiciones para igualar las oportunidades de acceso a toda la diversidad cultural, no sólo para el artista o el creador sino también para el ciudadano, que tiene el derecho a poder acceder y elegir las manifestaciones culturales que le son propias. Esto vale para la expresión de formas culturales identitarias de la cultura popular, o para nuevas formas de cultura que el creador experimenta. Los Ministerios de Cultura suelen ser en el mejor de los casos los ministerios de los “artistas consagrados”, y nosotros creemos que deberían ser los de “los derechos culturales de los ciudadanos”.


¿Cómo se consigue eso en la práctica, en el seno de la sociedad real?


Para llevar a cabo esos objetivos hay que defender y poner en marcha lo que llamamos “soberanía cultural”, que en términos actuales se expresa en cosas concretas como por ejemplo la “soberanía digital”. En un mundo donde Internet es el sitio de consumo cultural por excelencia, y que está absolutamente dominado por las industrias culturales del norte, no actuar en el marco de esa realidad sería suicida. Necesitamos crear y promocionar plataformas propias, con contenidos culturales latinoamericanos. En eso por supuesto tampoco podemos estar solos, hay que trabajar con sentido de integración latinoamericana y eso se está haciendo en los últimos años, por ejemplo en el marco del Unasur. Concretamente, por ejemplo, ahora estamos trabajando con Brasil, Argentina y Chile en una comisión conjunta para desarrollar políticas en el ámbito digital para proponer a las instancias regionales como la Celac, tendentes a desarrollar espacios latinoamericanos en la comunicación digital.

El caso del cine es un ejemplo interesante. En Ecuador hasta hace una década se hacía una película cada dos años con mucha suerte. El año pasado, ya se produjeron diecisiete largometrajes, con un alza importante de la calidad y la repercusión en festivales y muestras internacionales. No serán los 160 estrenos anuales que tiene Argentina, pero partimos prácticamente de nada, sin una tradición cinematográfica. El Ministerio ha desarrollado una inversión importante para apoyar a los creadores. Pero el problema sigue estando en el público: el año pasado se vendieron 80.000 entradas para ver cine ecuatoriano, y 12 millones de entradas para ver cine holliwoodense. O sea, la principal brecha se produce en el campo de la circulación, y en eso tienen mucho que ver los monopolios de la distribución. Crear instancias que garanticen la exhibición y la promoción del cine nacional y limiten el poder omnímodo de las superproducciones con millones de dólares dispuestos para la publicidad, es una manera concreta de generar soberanía cultural. Existe ya un marco regulatorio respecto a los medios de comunicación, que obliga a incluir porcentajes de producción nacional, pero hay que avanzar mucho más en este terreno.


¿Es ese el objetivo de la nueva Ley de Cultura que están por poner en funcionamiento?


Hemos estado trabajando, en base a la experiencia de estos años, en una nueva Ley de Cultura que espero aprobaremos a más tardar en febrero. La Constitución establece específicamente la obligatoriedad de crear ciertas leyes y esta es la última que nos faltaba, y en gran medida cuando acepté el Ministerio de Cultura fue para trabajar en ello. Incentivos y desincentivos, tasas y política de cuotas, redistribución de ganancias, son regulaciones necesarias para avanzar en la soberanía cultural. Pero en la era digital trabajar en estos terrenos de la comunicación y la información no es lo mismo que sustituir importaciones en los campos económicos tradicionales, requiere mucha mayor sutileza. Y sobre todo, integración latinoamericana: si los argentinos o los brasileños no ven películas ecuatorianas o los ecuatorianos no ven películas chilenas, no vamos a conseguir nunca el objetivo. Tenemos que producir políticas integradas.

Esa nueva ley significará reordenamientos institucionales y de competencias, y cambios profundos en la territorialización de las políticas culturales. Además, es una ley muy pensada desde la juventud, que tiene intereses y apetencias culturales que no existían en otras generaciones. Actúa con claridad en el aspecto económico, porque las industrias culturales y creativas son de un enorme poder en el mundo actual, con gran potencialidad de creación de trabajo. Pero además, recordando que más allá de la incidencia económica, las industrias culturales tienen una incidencia directa sobre la mentalidad y el pensamiento de la sociedad.