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El delito de poner las urnas en España

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Aunque el gobierno español niega el carácter refrendario de las elecciones en Cataluña y ningunea el resultado obtenido por las fuerzas independentistas, lo cierto es que el triunfo electoral de los soberanistas el pasado 27 de septiembre ha despertado todo tipo de reacciones a nivel global. La mayor parte de la prensa internacional enfatiza la victoria de los independentistas y hasta el mismo Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, se refería a las elecciones como un “referéndum”. Sin embargo, la estrategia del gobierno español parece no moldearse y sigue en una postura de enroque. El ejecutivo español se basa en el hecho que el voto independentista “sólo suma” un 47,79% de los votos y por lo tanto destaca que “el proyecto separatista no convence a la mayoría de Cataluña”. La táctica del gobierno de Madrid parece que seguirá siendo la misma seguida hasta el momento: resolver el problema catalán con la aplicación estricta de la ley y el amparo de la Constitución. Pero la pregunta del millón hoy en día en España es: ¿Se puede resolver con las leyes un problema que no es jurídico sino político?


Un análisis superficial de los resultados electorales muestran a simple vista dos datos importantes. El primero es que ahora mismo, en el Parlament de Cataluña, existe una mayoría explícitamente independentista, un hecho que no se había dado nunca en la historia de la institución. El segundo dato es que el voto independentista (la coalición de 'Junts pel Sí' y la CUP, de extrema izquierda) suma una mayoría en escaños pero no en votos, que se queda, como hemos dicho anteriormente, en un 47,79% del total. Sin embargo, ¿esto quiere decir que el 52,21% restante está en contra de la independencia? Rotundamente no. Los partidos que se declararon en contra de ésta durante la campaña electoral fueron ni más ni menos que tres: PSC, PP y Ciudadanos. Los tres suman un 39,13% de los votos, una cifra bastante inferior al porcentaje de 'síes'. Por otro lado, la coalición de izquierdas 'Catalunya sí que es pot' (filial de Podemos) y Unió (democristianos catalanes), que suman un 11,42% de los votos, han pedido durante toda la campaña la celebración de un referéndum pactado con el Estado y se ha posicionado “en favor del derecho a decidir del pueblo catalán”. Aunque el gobierno español ha sumado estos votos en el bloque del 'no a la independencia', ya han salido las primeras voces de ambos partidos reclamando que no se les adjunte en un bloque o en otro de forma interesada. Por este motivo, Unión pidió a la Eurocámara el pasado 30 de septiembre que no cuente sus votos en el 'no'. "Por favor, no contéis Unió y la candidatura de 'Cataluña Sí que es Pot' en el bloque de los los anti-independencia", advirtióel eurodiputado democristiano Francesc Gambús en un correo electrónico que envió a todos los miembros del Parlamento Europeo. Precisamente por este motivo es fácilmente imaginable y más que probable que en un estricto referéndum donde el voto no fuera hacia partidos sino hacia un 'si' o un 'no', el 47,79% independentista aumentaría sobrepasando el 50%. Hasta el momento, a diferencia de casos como el escocés o el quebequés, el Gobierno español ha cerrado todas las puertas a realizar un referéndum.


Dejando a un lado los datos y los números, los cuales tienen siempre diferentes lecturas y dan pie fácilmente a la política ficción, lo que parece poco discutible es que estamos delante de uno de los dilemas políticos más importantes que afronta España y también Europa. El independentismo reclama soluciones políticas mientras que el gobierno español responde con acciones legales y este hecho retroalimenta las fuerzas soberanistas semana tras semana. Sin ir más lejos, el pasado 29 de septiembre (solo dos días después de las elecciones), el presidente en funciones, Artur Mas, fue imputado por el hecho de organizar un proceso participativo no vinculante el pasado año que preguntaba a los catalanes sobre el futuro político de Cataluña y en el que votaron más de 2.300.000 personas. Como si se tratara de una coincidencia macabra, Artur Mas tendrá que declarar ante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el próximo 15 de octubre, el mismo día que se conmemora el 75 aniversario del fusilamiento del presidente catalán Lluís Companys a manos del franquismo.


Reino Unido y Canadá convocaron referéndums en Escocia y Quebec cuando el independentismo gozaba de un apoyo mucho menor en dichas regiones en comparación con Cataluña. Cuando Cameron ofreció en Escocia un referéndum de independencia fue porque el SNP había ganado las elecciones con el 44% de los votos. Antes del primer referéndum que se hizo en Quebec, el Partido Quebequés había ganado las elecciones de 1976 con el 41,37% de los votos. Y antes del segundo, el mismo partido había ganado, en 1994, con el 44,75% de los votos.


Una gran parte de la sociedad catalana ha iniciado un camino de difícil retorno y ante tal situación tiene que llegar, más temprano que tarde, la política en mayúsculas, el diálogo y las negociaciones para dejar atrás la amenaza judicial y los oídos sordos. Así lo expresaba en un tweet Oriol Junqueras, uno de los líderes independentistas más importantes en Cataluña: “Nosotros, democracia y urnas. Ellos, querellas e imputaciones. La pertenencia a España es inviable!”. En este choque de trenes más que anunciado, no solo está en juego el futuro político catalán, sino también la salud democrática de España y del viejo continente entero. Ahora, más que nunca, es momento de hacer POLÍTICA.