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Sanciones económicas para contener la violencia en Ucrania

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Por: Alba Gallego


Especial para Express News


 Desde la Unión Europea han decidido poner en marcha un segundo paquete de sanciones dirigidas a 15 personalidades cercanas al presidente ruso Vladimir Putin, como reacción a la reciente ocupación de Luganks, que no solo se saldó con 14 heridos tras los enfrentamientos entre los cuerpos federales y las fuerzas ultranacionalistas, sino que también se suma a la lista de las 12 ciudades del este del país rendidas a los activistas prorrusos en las dos últimas semanas.


 De esta manera, a tan solo quince días del referéndum, la Unión Europea pretende “mandar un mensaje claro” a Rusia para reafirmar el acuerdo alcanzado en Ginebra el pasado 17 de abril, por el que se busca poner punto y final a la escalada de tensión que asola el país desde la salida del ex presidente ucraniano Víctor Yanukóvich. Este conjunto de restricciones ha sido motivado por el apoyo que el líder del ejecutivo ruso, Vladimir Putin, viene brindando desde hace un tiempo atrás a las milicias prorrusas que la semana pasada ocuparon importantes edificios oficiales del Este de Ucrania. Las penalizaciones afectan a más de media docena de personas acusadas de “amenazar la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania”, según las declaraciones realizadas el martes pasado por la alta representante para la diplomacia europea, Catherine Ashton.


 Sin embargo, desde la UE aclararon que con su decisión no quieren cerrar las puertas a futuras negociaciones y al mismo tiempo ofrecieron diferentes medidas de conciliación, entre las que se encuentran las polémicas amnistías. “Europa quiere dejar una puerta abierta al diálogo, pero a la vez se ve obligada a dar una respuesta a un Putin que está intentando desestabilizar el Este de Ucrania y deslegitimar las elecciones del 25 de mayo”, según revelaron fuentes del diario El País.


 Las restricciones anunciadas se basan, en su mayoría, en la congelación de activos y la cancelación de visados, destacando entre los sancionados algunos de los miembros más importantes del país ruso, como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y encargado del despliegue de tropas en la frontera con Ucrania, Valeri Gerasimov, al igual que otro dirigente de renombre, el viceprimer ministro ruso, responsable de supervisar la anexión de Crimea a Rusia, Dmitri Kozak. Además, entre los sancionados también se encuentran hay varios líderes separatistas de la nueva República de Donetsk.


 Este paquete de sanciones se suma a las ya anunciadas previamente por Estados Unidos, unas restricciones que afectaron a 7 individuos y 17 empresas. Entre las figuras más destacadas, llaman especialmente la atención los nombres de antiguos miembros del KGB, como el jefe de la Administración Presidencial y ex ministro de Defensa, Serguéi Ivanov y el director del Servicio Federal de Control de narcóticos y ex vicejefe de la Adminstración Presidencial, Víctor Ivanov. También se encuentra en esta lista uno de los principales oligarcas del país, Vladímir Kozhin, quien además de administrar el patrimonio del Kremlin, también se sitúa a la cabeza de casi cien empresas de todo ámbito.


 En Norteamérica, la bancada republicana pide una respuesta más contundente al ejecutivo de Barack Obama, mientras en Europa, son los países bálticos junto con Suecia y Reino Unido los que se han mostrado más intransigentes y favorables a la imposición de medidas más férreas. Ante estas influencias, Europa no solo se ha pronunciado a nivel diplomático y económico, sino que también han comenzado a actuar en el plano territorial. Varios países miembros de la UE, como Reino Unido y Francia, han colaborado con el dispositivo de disuasión orquestado por la OTAN en los Estados bálticos, entre ellos Lituania, Polonia, Estonia y Letonia. Según datos publicados por la agencia de comunicación Europa Press, los británicos enviaron el pasado lunes cuatro aviones de combate Typhoon y el martes procedieron desde Francia con otras dos parejas del tipo Rafale, ambos envíos con el objetivo de formar parte de la vigilancia aérea organizada sobre los territorios adyacentes a la zona de conflicto.


 En este contexto, el anuncio del grupo europeo se enmarca dentro de una segunda fase de restricciones económicas y territoriales que desde hace varias semanas han condenado a la ya de por sí débil economía rusa, que debe hacer frente a una intensa fuga de capitales, con los consecuentes problemas empresariales y dificultades que ello conlleva, desde el tipo de cambio del rublo hasta un posible anuncio de control de capitales por parte del gobierno. La tercera fase de sanciones, que según los estudios presentados por la Comisión Europea parece aún bastante lejos, se centraría en el corte de las relaciones comerciales y diplomáticas, lo que implicaría también el veto de exportaciones rusas y embargo de armas, entre otras medidas.


 El presidente ruso, a su juicio, no encuentra explicación a las medidas determinantes tomadas desde la Unión Europea y Estados Unidos. La pasada semana, en declaraciones ofrecidas a diferentes medios de comunicación del país durante una reunión en Minsk con sus homólogos de Bielorrusia y Kazajistán, Putin afirmó que, en su opinión “no está claro de ninguna manera a qué se deben”, ya que considera que “no hay relación de causa-efecto con lo que está ocurriendo ahora en Ucrania y Rusia”. Aunque por el momento parece no tener preparadas “medidas en respuesta”, sí que señaló que, de mantenerse las sanciones, varios países deberán “pensar en quiénes intervienen en sectores clave de la economía rusa, incluido el energético”.


 Esta misma semana la presidenta alemana Angela Merkel pidió una relajación de la ofensiva diplomática en la que está envuelta la UE apuntando a que podría ser más fácil lidiar con Putin a través de conversaciones privadas que cebándose con sanciones.


 Mientras tanto en Ucrania


El pasado viernes saltó a las portadas de los principales medios internacionales la apertura de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional, en relación a los supuestos crímenes de lesa humanidad acaecidos en Ucrania durante los disturbios del 21 de noviembre y 22 de febrero de este año. En manos de la fiscalía queda ahora la tarea de examinar lo ocurrido y verificar si, tal y como afirman las acusaciones, el ex presidente Víctor Yanukóvich es el responsable del asesinato de más de un centenar de ciudadanos a manos de las tropas del gobierno enviadas para contener las protestas. Cabe destacar que  entre los hechos imputados han sido excluidos aquellos acontecimientos posteriores al 27 de febrero, por lo que el Ejército ucraniano queda libre de cualquier juicio.


Por otra parte, los últimos tumultos que han sacudido el territorio en los días pasados se sitúan en la noche del pasado martes, cuando una turba de nacionalistas, que contó hasta con 200 integrantes, se echaron a las calles con antorchas, bates de béisbol y pasamontañas, desencadenando una serie de alborotos se que zanjaron con el uso de armas de fuego y explosivos así como barricadas y coches en llamas. La agencia de noticias UNN detalló el estallido de violencia que tuvo lugar en los aledaños del Maidán y atribuyó su autoría a la Asamblea Social-Nacional, que en un primer momento pretendía reivindicar “pacíficamente” ante las autoridades una operación “antiterrorista” más vigorosa, aunque los planes se torcieron tras un encontronazo con las “autodefensas del Maidán”, el grupo de manifestantes que aún resiste en la plaza de la Independencia.