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Llantos y desconsuelo en Minya

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Por: Alba Gallego / agallegofernandez@gmail.com
Especial para Express News


 Tras condenar con la pena capital a 529 personas el pasado lunes, el poder judicial egipcio se dispuso a juzgar al día siguiente a casi otros 700 individuos acusados de simpatizar con el gobierno del depuesto presidente Mohamed Mursi y la secta islamista de los Hermanos Musulmanes. Las calles del país se han llenado de familias que entre lágrimas exigen el fin de esta caza puesta en marcha por el gobierno de al Sisi.


Más de quinientos simpatizantes del ex presidente islamista Mohamed Mursi fueron sentenciados el pasado lunes a pena de muerte en la ciudad de Minya, inculpados por su participación en las revueltas que marcaron el sangriento verano de 2013, tras la pérdida de poder de los Hermanos Musulmanes, la secta islámica opositora al nuevo gobierno que ha sido perseguida sin tregua desde que Abdul Fattah al Sisi sujeta las riendas del país. Los condenados fueron acusados de actos vandálicos y terroristas, entre los que se encuentran varios asaltos a edificios gubernamentales y comisarías, donde fallecieron dos policías, así como de la quema de iglesias al sur del país. El proceso se desarrolló dentro de un marco encarnizado que se remonta a la oleada de violencia desatada tras el asalto a los campamentos de ciudadanos partidarios de los Hermanos Musulmanes el pasado agosto, donde perdieron la vida hasta 600 personas. Estos acontecimientos quedaron grabados como las jornadas más sangrientas en la historia moderna del país.


Además de captar la atención internacional por la ausencia total de ecuanimidad y objetividad, en lo que al desarrollo del ligio se refiere, existen otros puntos que mantienen a la opinión pública abrumada. Además de los 17 inculpados, de la cantidad total de condenados a muerte, solo 153 se encuentran presos en Egipto, el resto fueron calificados por fuentes del gobierno como prófugos. En el caso de que se entreguen, como muestra de buena fe, el ejecutivo egipcio ha prometido para ellos la opción de un nuevo proceso judicial.


En cuanto a que permanecen detenidos, desde las filas del gobierno han anunciado que, mediante una apelación, la pena podría ser conmutada también por la apertura de un segundo juicio. Aunque de esta manera, la decisión de los tribunales deja la puerta abierta a posibles cambios en los veredictos, lo que se ha puesto en evidencia sin posibilidad de marcha atrás, son las penosas condiciones jurídicas del país, lo que obedece a la profunda crisis política que esta nación atraviesa desde la caída de los islamistas. La del juez Sabry, se trata de una sentencia record en la historia de la nación, no sólo por la cantidad de gente condenada a muerte dentro de un mismo proceso, sino también por la rapidez con la que se ha desarrollado un procedimiento de tal envergadura, el cual no ha durado más de dos días.


Tras el anuncio del veredicto que condena a muerte a más de medio millar de personas, cientos de ciudadanos se echaron a las calles para protestar ante las injusticias de un sistema arcaico y totalitario. También los estudiantes de El Cairo y Alejandría fueron protagonistas de numerosas marchas organizadas a lo largo de la semana, que clamaban por la libertad y pedían el fin de la mano de hierro del actual Ministro de Defensa y posible candidato a la carrera presidencial, al Sisi. La respuesta por parte del gobierno era de esperar: las fuerzas policiales sofocaron las protestas cargando contra los manifestantes y empleando gases lacrimógenos.


Muchos se sumaron a las protestas, no solo con la intención de revocar la decisión de Sabry, sino también para denunciar las irregularidades que caracterizaron el proceso. A través de diversos medios de comunicación, como el canal latino “La voz de Rusia” o AP, cuyos informadores se mantuvieron al pie de las manifestaciones, se recogieron las declaraciones de cientos de ciudadanos contrariados. Entre otros, Ali Mahmud, un abogado de la defensa, detalló cómo le impidieron entrar en el tribunal, donde no había ningún letrado cuando se leyó el fallo: “¿Eso es justicia? La justicia ha sido asesinada”. No es el único miembro de la defensa que ha denunciado diferentes anomalías en el juicio, como ni siquiera haber sido escuchados por el juez. “Creemos que la imparcialidad del juicio que es un derecho consagrado, estuvo ausente en este caso, y por lo tanto tomamos esta postura, no a favor de ninguna de las partes. Todos somos conscientes de los crímenes cometidos por los Hermanos Musulmanes, sin embargo hay que defender el Estado de Derecho en Egipto y garantizar la justicia para todos”, explicó Tarek Fonda, un letrado oriundo del país que se encuentra “más que decepcionado” con el sistema judicial egipcio.


De la misma manera, la ONU  también llamó la atención sobre la cantidad de ilegalidades en las que incurrió el juez a lo largo del proceso y de cómo éste ha vulnerado el derecho internacional. El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, afirmó que un proceso de esta consideración “que ha durado dos días, no puede haber respondido a las exigencias fundamentales de un proceso justo”.


Desde Kuwait, donde se organizó recientemente la Cumbre de la Liga Árabe, el Emir de Catar apostó por el diálogo político en Egipto, al tiempo que insistió en que su país tiene una relación de fraternidad con el gobierno del país, que acusa a Doha de apoyar a los islamistas.


EEUU no tardó en pronunciarse y enseguida exhortó a El Cairo a no proceder a la ejecución de un fallo que, según manifestó la portavoz oficial de la diplomacia estadounidense, Marie Harf, “desafía a toda lógica”. EEUU y Egipto han ido de la mano en el Medio Oriente desde hace casi dos décadas. No obstante, desde la subida de al Sisi al trono, los norteamericanos no han cesado de llamar la atención ante la lentitud de una transición democrática que no acaba de cuajar, así como en lo referente a los abusos en materia de derechos humanos y la restricción de las libertades y derechos de los ciudadanos. Precisamente esta semana, Harf también hizo hincapié en la congelación de los 1.500 millones de dólares anuales que EUU solía destinar a El Cairo, siendo un 80% pura inversión militar, y que se han cancelado desde la escalada de represión y violencia desatada contra aquellos habitantes partidarios del antiguo gobierno: “Estamos determinando si esta asistencia seguirá en suspenso, si congelaremos más o si brindaremos una mayor ayuda” aseguró la norteamericana, quien agregó también que “cosas como estos actos escandalosos, impactantes e impensables perpetrados por el gobierno egipcio, tendrán por supuesto una incidencia en esta decisión”.


Hasta 1.200 individuos han sido procesados por comportamiento violento, si se tiene en cuenta que al medio millar de condenados del lunes, cabe añadir los otros 683 acusados que fueron procesados al día siguiente, los cuales, por cierto, conocerán su veredicto el próximo 28 de abril. En cifras generales, desde el derrocamiento de Mursi el pasado julio, hasta 1.400 personas acusadas de favorecer los ideales islamistas han sido asesinados y otros miles encarcelados o torturados.