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América Latina

Comienzan las conversaciones entre gobierno y oposición en Venezuela

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Por: Alba Gallego


 


Tras varios días de negociaciones, el gobierno y la oposición venezolanos han conseguido acordar las pautas que guiarán las conversaciones emprendidas el pasado jueves, con las que buscan llegar a un acuerdo que ponga punto final a la escalada de violencia desatada en el país hace varios meses.


 


La semana pasada la coalición de partidos opositores de Venezuela, agrupados en la Mesa de Unidad Democrática, entró en contacto con los cancilleres de Unasur, que llegaron al país por segunda vez para trabajar en el alcance de un diálogo para un pacto definitivo. Durante su reunión, el frente opositor entregó a los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas una carta con los puntos más importantes a respetar para poner en marcha las negociaciones con el gobierno. La canciller colombiana María Ángela Holguín, miembro representante de Unasur, hizo hincapié en el "esfuerzo" realizado por  los implicados accediendo a "sentarse a dialogar” y reiteró que este "es el único camino que tiene” el país. "Nuestro deber es seguir acompañando las buenas acciones de un Gobierno progresista como el de Venezuela", aseguró Holguín.


 


La propuesta fue bien recibida por parte del ejecutivo. En el programa de radio emitido por el presidente una vez a la semana, conocido como “En contacto con Maduro”, el líder del ejecutivo venezolano definió la reunión como un “diálogo político franco”. "Conversamos, con gran franqueza y de manera directa”, aseguró el mandatario. A pesar de la buena acogida de la reunión, Maduro aseguró con rotundidad que no “participará en pactos”, tal como han pedido otros dirigentes de partidos suramericanos como el ex primer mandatario brasileño Lula Da Silva, quien apeló hace unos días a un acuerdo político para reconducir la situación que vive Venezuela desde hace ya varios meses.


 


Una de las primeras medidas que exigieron desde la MUD fue “la renovación equilibrada de los poderes públicos". El secretario ejecutivo de la formación, Ramón Guillermo Aveledo, definió la idea como una “garantía de la paz en un país es que los órganos del poder público sirvan a todos", poniendo como ejemplo la situación de determinados miembros del Tribunal Supremo, que continúan en su cargo pese a haber excedido el límite legitimado para ejercer en el cargo.


 


Otro de los puntos detallados por la MUD fue la necesidad de contar con la participación en las conversaciones de un tercer país como mediador neutral, "de buena fe nacional o internacional”. En cuanto a quien escoger para el papel, ambos contendientes coincidieron en la propuesta del Vaticano, aunque el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Diego Padrón, aseguró no haber recibido una invitación formal.


 


La principal coyuntura que se presentó en la reunión con la exigencia de una amnistía, determinada por la MUD como la “liberación de los presos políticos, el regreso de exiliados así como el sobreseimiento de aquellos opositores encausados”. Asimismo, en también lanzaron una petición de desmovilización y desarme  “internacionalmente verificada”, de los grupos “paramilitares y parapoliciales” que luchan a favor del régimen venezolano. Aveledo aseguró que la existencia de estas formaciones en “las condiciones actuales es un riesgo permanente para la paz y una amenaza para la sociedad”. Maduro no rechazó esta amnistía pero manifestó que “no va a haber impunidad” y sí “va a haber justicia” basada en el respeto a la Constitución.


 


Por otra parte, desde el partido opositor Voluntad Popular, miembro de la MUD  cuyo presidente, Leopoldo López, se encuentra en prisión desde hace varios meses, se negaron a acudir al acto. López definió el plan como "un diálogo donde el régimen solo plantea un show político utilizando a los cancilleres de la Unasur como interlocutores, pero negándose en todo momento a dar gestos necesarios". "Nuestra organización no validará ningún diálogo con el régimen mientras siga existiendo represión, encarcelamiento y persecución contra nuestro pueblo", aseguraron desde el partido.


 


Maduro vive un momento más que peliagudo ya que cada vez cuenta con más frentes abiertos.  EEUU se encuentra a la espera de una oportunidad para tomar medidas contra el país y algunos de sus vecinos –Argentina, Perú y Bolivia– han llegado a denunciarle ante el Tribunal de la Haya por “presuntos crímenes de lesa humanidad”. Desde estos países se hace responsable al presidente venezolano de "las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos ejecutadas por cuerpos militares, policiales, milicias y paramilitares, durante los días previos y posteriores a las celebraciones del Día de la Juventud, el pasado 12 de febrero".


 


Según el último informe publicado por la ONG Amnistía Internacional, en el que detalla sobre la situación actual de los enfrentamientos, el estado de Derecho venezolano no se se ha encontrado bajo semejante situación de amenaza desde hace más de veinte años. Desde la organización han denunciado diferentes abusos ejercidos contra los ciudadanos, desde torturas y exceso de fuerza hasta el empleo de armas de fuego contra ellos. A esto se le unen las detenciones sin fundamento legal, falta de asistencia legal a los detenidos, y ataques contra medios de comunicación. “El país corre el riesgo de descender en una espiral de violencia a menos que se tomen medidas para traer a las partes en conflicto a negociar. Esto solamente puede ocurrir si ambas partes respetan totalmente los derechos humanos y el estado de derecho. A menos que esto ocurra, la cifra de muertes seguirá aumentando, y las personas comunes y corrientes se llevarán la peor parte”, aseguró Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional en América.


 


La cifra de fallecidos ha alcanzado ya las 39 víctimas desde el agravamiento de la crisis hace un mes y medio. Con el paso del tiempo, las prácticas empleadas entre ciertos grupos opositores para combatir a las fuerzas gubernamentales se han ido recrudeciendo y ambas partes han llevado los enfrentamientos un nivel más elevado. Sin embargo, según el informe presentado por AI, aunque sí hubo delitos por parte de los manifestantes en ningún momento han conseguido probarse las acusaciones lanzadas por el ejecutivo, que les califica de grupos armados. Por tanto, ¿es realmente es factible un pacto definitivo tras ser el gobierno el responsable de abrir fuego y asesinar a ciudadanos inocentes por ejercer su derecho a expresar públicamente su opinión?, ¿podrán la mayor parte de los venezolanos perdonar al brazo ejecutor de los supuestos cargos denunciados ante La Haya?. A tenor de los últimos acontecimientos, Venezuela parece necesitar, más que un pacto, una limpieza a fondo de los representantes del pueblo.