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El Ministro de Defensa salvadoreño David Munguía Payés sometido a investigación por la fiscalía

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Por: Alba Gallego


 


 


Varios altos cargos oficiales están siendo investigados junto al Ministro de Defensa David Munguía Payés por el presunto comercio ilícito de armas. La cola de acusaciones pasa también por actos arbitrarios, falsificaciones y “otros hechos delictivos”, según señaló el fiscal general Luís Martínez. Se trata de la sustracción de varias remesas de armas que deberían haber sido desmanteladas por el Ejército: “estamos hablando de muchos cientos de armas, es un caso sumamente delicado" afirmó el fiscal, aunque no facilitó cifras exactas.


Martínez aseguró tener en su poder pruebas que otorgan validez a la sospecha de que “cientos de armas que debieron ser destruidas por la Fuerza Armada no lo fueron”. El fiscal apuntó a que muchas de las armas que poseen los pandilleros en la actualidad pueden provenir de la línea de tráfico sometida a investigación. Por ejemplo, tres años atrás fueron incautadas hasta 7.000 granadas que se encontraron en posesión de uno de los grupos de crimen organizado que opera dentro del país, una remesa que fue desviada en lugar de ser eliminada por los militares.


El pasado julio el ex general Munguía se reincorporó al gobierno de Mauricio Funes como Ministro de Defensa, cargo que ya había desempañado anteriormente, desde junio de 2009 hasta noviembre de 2011, cuando pasó a la cartera ministerial de Seguridad Pública, asiento al que tuvo que renunciar por la incompatibilidad constitucional de este con su carrera militar.


De sus años como responsable de Seguridad, cabe destacar la promesa que llevó por bandera desde su llegada al cargo, la reducción de asesinatos en el país en un 30 por ciento. Para tan ardua tarea trabajó en una estrategia mano a mano con las maras Salvatrucha y Barrio 18, una colaboración de la que nació la tregua del año 2012 a consecuencia de las concesiones carcelarias a los líderes de estos grupos armados a cambio de un compromiso que rebajara el número de asesinatos. El resultado final cumplió con creces las expectativas, minimizando las víctimas mortales de 14 diarias a 5. En este sentido, desde su marcha de la cartera se Seguridad Pública, su heredero en el puesto Ricardo Perdomo, puso en marcha una nueva táctica política basada en mano de hierro y “cero concesiones” que desencadenó un repunte de la violencia hasta alcanzar los 12 asesinatos diarios. Ante semejante panorama no resulta extraño que desde el ejecutivo decidieran volver a contar con Munguía para formar parte de las filas de asesoramiento presidencial.


La relación de los más altos cargos del ejército salvadoreño con el tráfico armamentístico deja en evidencia un sistema de seguridad débil que amenaza con romper la cohesión del gobierno. El pasado 30 de mayo, la Fiscalía General de la República, intentó entrar en la sede central de las fuerzas armadas con el ánimo de realizar un registro en profundidad en aras de establecer las bases de la investigación. Martínez y su equipo se encontraron con la oposición de varios oficiales y la visita se zanjó con un enfrentamiento verbal entre el fiscal y el ministro Munguía. Tras la visita, el Ministerio de Defensa envió un comunicado especial en el que aseguraron que en todo momento se facilitó la entrada al equipo “a las diferentes instalaciones y poniendo a su disposición la información requerida". También detallaron que desde la fiscalía pretendían acceder a "la base de datos completa del sistema de registro de armas, el cual contiene información completa del material de guerra de los inventarios de la Fuerza Armada, del armamento de la Policía Nacional Civil y de personas naturales y jurídicas, información clasificada de carácter secreta, que de ser entregada vulnera la Seguridad Nacional". Martínez ofreció una respuesta escueta para evitar avivar la polémica: “es falso que nosotros estuvimos queriendo obtener información de seguridad nacional, de seguridad de la PNC o de informaciones generales de todas las armas de fuego de nuestro país”.


Según la información suministrada por Martínez, la investigación seguirá dos ramas diferentes. Este jueves fue llamado a personarse los juzgados Raúl Mijando, uno de los hombres que actuó como mediador en la tregua con las maras. Munguía ha sido citado a declarar el próximo 18 de junio por tercera vez, ya que en las dos ocasiones anteriores no acudió manifestando problemas de agenda. Asimismo, se espera que Martínez acuda a la sede presidencial para mantener conversaciones con el presidente Salvador Sánchez Cerén.


 


LA HERENCIA DE LA CORRUPCION


Hace poco más de un mes que las urnas catapultaron al ex guerrillero y líder del FMLN Salvador Sánchez Cerén a la presidencia. Durante la ceremonia de investidura del pasado 1 de junio, el nuevo presidente centró su discurso en la construcción de un nuevo gobierno basado en los pilares de “honradez y austeridad” en un intento por desmarcarse de la difícil herencia que dejó su antecesor en el cargo Mauricio Funes.


“Unidos crecemos todos” es el lema oficial con el que el líder salvadoreño anunció la puesta en marcha de un proceso de reestructuración que involucrará a todos los niveles del gobierno, llamando al diálogo y la negociación en todo el país, desde sindicatos y oposición hasta las iglesias. En esta nueva etapa busca una “reconciliación nacional”


que rompa con los excesos y contubernios de la anterior presidencia. Durante sus años al frente del gobierno, Funes fue denunciado en numerosas ocasiones por sus arbitrariedades y falta de transparencia. En este sentido, los primeros pasos que quiere dar Cerén están enfocados a un "férreo combate a la corrupción, a la evasión de impuestos y a la elusión fiscal”.


El pasado diciembre, una auditoría realizada a escala nacional destapó un agujero de más de 120 millones de dólares en las arcas del Estado, en cuya pérdida estarían involucradas diferentes instituciones públicas durante los sucesivos gobiernos del año 1993 a 2003. Según los datos que se desprenden del informe, resulta especialmente llamativo el caso de 10 millones de dólares donados por Taiwán a la administración del ex presidente Francisco Flores, entre 1999 y 2004. La exorbitante cantidad se perdió antes de llegar a las arcas públicas entre bancos de EEUU, Costa Rica y Bahamas, a tenor de los datos suministrados por el Departamento del Tesoro estadounidense. De entre los nombres envueltos en este sistema de corrupción galopante suenan miembros de los cuatro últimos gobiernos de Alianza Republicana Socialista: el entonces ministro de Hacienda y ahora alto funcionario del Banco Mundial, Juan José Daboub, también en ex titular de Salud, Francis López Beltrán, la diputada Ana Vilma Escobar y la alcaldesa Milagro Navas. De la misma manera, no se descartan más sorpresas en el futuro, pues según afirmó Rosalío Tóchez como presidente de la Corte de Cuentas, el órgano encargado de sacar adelante este informe, se hará pública otra investigación sobre los años 2004 a 2009.