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La ONU da 90 días a España para presentar soluciones a las víctimas del franquismo

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Por: Ricardo Miranda


 


 


Tras su visita a España el pasado septiembre, el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas de Naciones Unidas ha concluido su investigación. En ella presenta un asolador informe al Gobierno, con hasta 42 recomendaciones, y la exigencia de que se lleven a cabo nuevas medidas para asistir a las víctimas del franquismo en el plazo de 90 días. España deberá presentar un cronograma donde se especifiquen cuáles serán las medidas que se tomarán y en qué fecha será prevista su aplicación.


Gracias a este informe las asociaciones de víctimas del franquismo podrán implementar sus peticiones e incluso recibir  ayudar económica por parte del Gobierno de forma que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar sus restos.


La ONU sabe que tiene que actuar con urgencia "dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y a la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas", dice el informe.


Entre las exigencias básicas que el Grupo de Trabajo de las Naciones unidas exige a España cabe destacar la recomendación de iniciar sin más demora un plan nacional de búsqueda. La ONU sugiere a España que para ello también proporcione mayor apoyo institucional y financiero a las asociaciones y familiares de las víctimas del franquismo. Además, insta a que se cree una entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros que se encargue de "todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento una base de datos central sobre desapariciones".


De hecho, el escrito propone al Gobierno español poner a disposición del público la base de datos que el juez Baltasar Garzón elaboró durante su fracasada investigación. Garzón fue el único magistrado español que abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo y fue procesado por ello, acusado de prevaricación, y finalmente absuelto. Para evitar otro caso así, la ONU recomienda actuar de oficio y eliminar todas las trabas jurídicas de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales, como la ley de amnistía de 1977, el principal argumento que ha sido usado hasta ahora para no llevarlas a cabo.


El Grupo de Trabajo recomienda especialmente llevar a cabo una de las medidas sugeridas por la comisión de expertos nombrada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa medida proponía retirar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco y convertir el lugar en un museo de la memoria similar al que, en la actualidad, se puede ver en la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA). También se muestra favorable a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo como escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.


Sin embargo,  todo lo que ha hecho el ejecutivo de Mariano Rajoy hasta la fecha, ha sido todo lo contrario. Han eliminado todas las partidas previstas en la ley de memoria histórica para ayudar a los familiares a localizar a las víctimas. En una conversación de El País con el autor del informe, Ariel Dulitzky, fue preguntando por el hipotético caso de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se excusara en la crisis económica para rechazar sus recomendaciones,  el cual respondió: “Esto no es una cuestión económica, sino de voluntad política. Si se niega, seguiremos insistiendo, pero de momento tenemos esperanzas”.