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En 2007 fue inventada la trampa

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Por: Andrés Gago


 


 


El informe Anticorrupción de la Comisión Europea describe la estafa cometida por los partidos políticos a través de la ley de financiación de partidos. Norma que ellos mismos diseñaron y aprobaron en el 2007.


El informe detalla como durante ese mismo periodo, los partidos comenzaron a hacerse con los consejos de decisión de las Cajas de Ahorros. Éste fue un movimiento decisivo para la consecución de sus planes, pues la nueva ley de financiación les permitía por primera vez endeudarse a través de la banca privada.


Según un informe publicado en el 2012 por el Tribunal de Cuentas, la deuda de los partidos a finales del 2007 ya ascendía a 227 millones de euros. Sin embargo, las condiciones de tales prestamos eran muy favorables para las organizaciones políticas, llegando al caso de que algunos de los prestamos concedidos fueran condonados en su totalidad por las entidades bancarías, que en ese momento eran controladas por los propios partidos.


Finalmente, las cajas debieron ser rescatadas, siendo ahora la ciudadanía quien deba adeudar los créditos concedidos a los partidos y retornar el rescate con sus intereses al Banco Central Europeo. Mientras tanto, los partidos políticos han conseguido financiarse a coste cero a través de estas “donaciones bancarias” que ahora corren a cargo de los contribuyentes.


Lo que más llama la atención es que ningún organismo público hiciera saltar la alarma, ni si quiera el Tribunal de Cuentas, encargado de la fiscalización del dinero público y el enjuiciamiento de la responsabilidad fiscal. Este ente se escuda en que la nueva ley del 2007, que permitía la financiación a través de la vía privada, no le había otorgado competencia alguna para acceder a los datos de la banca ni de la agencia tributaria.


Sin embargo, el hecho de que no tuvieran mecanismos de control no explica la laxitud con la que ejercieron sus funciones, pues los informes referentes a aquella época fueron publicados con un retraso de cinco años, justamente un año después de que los delitos prescribieran.


A día de hoy, no parece que los nuevos mecanismos de control introducidos en las reformas hechas en 2012 sobre la ley que regula las funciones del Tribunal de Cuentas estén surtiendo el efecto deseado. De tal forma, se puede entender a través de lo sucedido que el origen de la inefectividad del Órgano no sea competencial, sino que sería debido a la dependencia política que deriva del procedimiento de su composición.


Que este órgano, garante del buen uso de las arcas públicas, sea incapaz de realizar sus funciones de controlar y enjuiciar a partidos y cargos públicos por el uso casi personalista del dinero de todos, parece primordialmente debido a la genética de su composición. Un indicador de está situación es el hecho de que el 10% de sus integrantes comparten lazos de parentesco con algún cargo político, de 600 trabajadores que conforman la Institución, 100 son parientes de políticos.


Esto explicaría por ejemplo el alto nivel de corrupción que existe a nivel regional y local, como señala el informe de la Comisión Europea. La permisividad de este órgano, compuesto por amigos y familia de políticos daría vía libre a los políticos para disponer del Estado y de nuestro dinero, sobre todo en las áreas de desarrollo urbano y contrataciones púbicas, que es donde más casos de corrupción se registran.


La Constitución española basa el éxito del Tribunal de Cuentas en su independencia, profesionalidad, objetividad y transparencia; pero debido a la disposición de las leyes que regulan su composición, parece imposible que se puedan garantizar los principios que deben regir el funcionamiento de esta Institución.


La falta de independencia de este órgano no solo parece permitir la corrupción en el Estado español, si no que su opacidad la oculta y la laxitud de sus informes la protege legalmente de la justicia.


Por ejemplo, el Tribunal Supremo se quejaba de que el Tribunal de Cuentas este formado por más funcionarios elegidos directamente por los partidos que de carrera. En concreto, los miembros del tribunal  son elegidos por el poder Legislativo, 6 miembros son nombrados por el parlamento y otros 6 por el senado. El fiscal del Tribunal de Cuentas es elegido por el Gobierno. Los consejeros tienden a ser ex altos cargos de los partidos en vez de reconocidos profesionales de la materia.


Si observamos al cuerpo profesional que conforma esta entidad, no solo es llamativo la consanguinidad de esos 100 funcionarios. La longevidad de los cargos es algo que también sobresale de lo común, en esta institución, por ejemplo, Juan Velarde Fuentes tenía 83 años cuando dejó el Tribunal en el 2012, habiendo cumplido 21 años en el cargo. También el caso de Ubaldo Nieto que, aunque más joven, 80 años, se mantuvo 31 en el cargo, cuando la ley dispone que la duración de los cargos deben de ser de 9 años.


Con esta perspectiva, resulta mucho más fácil entender la situación a la que hemos llegado. Políticos y partidos llenando páginas y portadas en todos los medios por casos de corrupción y malversación de fondos. Parece increíble las situación de impunidad y descontrol a la que estamos sometidos. Al igual que la dinámica de las mafias, los partidos fueron adueñándose de las instituciones del Estado, enraizándose en el poder y estableciendo relaciones de clientelismo con la sociedad civil.


El informe de la Comisión Europea resalta que ningún partido electo haya dispuesto hasta el momento ningún tipo de protocolo o código de conducta en los que se definan como se deberían tratar los casos de corrupción dentro de sus filas.


A pesar de los esfuerzos que ya se han hecho a través de la legislación para penalizar la corrupción y dotar de nuevos mecanismos a los organismos públicos, no parece que la situación vaya a cambiar. Parece que el discurso político del siglo XVIII, acerca de la separación de poderes todavía no se haya conseguido implantar en nuestra península.


Al igual que sucedió con las cajas de ahorros, el Tribuna de Cuentas y otras muchas instituciones del Estado, mientras los tres poderes sigan dependiendo de la misma figura, ahora representada por los partidos políticos y sus gobiernos, el Estado español y su ciudadanía seguirán siempre bajo la tiranía de estas organizaciones, que en su gran mayoría, a día de hoy, todavía no poseen procedimientos democráticos internos.