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Alerta en Chile: 2 atentados en 48 horas

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Por: Alba Gallego


 


La primera bomba hizo explosión el lunes 8 de septiembre en el centro comercial colindante a la estación de metro Escuela Militar de Santiago, en la homónima capital chilena, dejando tras de sí 14 heridos, tres de ellos en estado grave. Este atentado ha sido considerado como el más grave acaecido en el país desde los años 90, tras la caída de la dictadura de Pinochet. Aunque finalmente no ha dejado víctimas mortales podría haber llegado a sesgar la vida de una elevada parte de las 150.000 personas que transitan cada día esa estación.


 


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Contra todo pronóstico, al día siguiente a las 21.00 hora local chilena –1.00 huso horario Británico– una rudimentaria bomba de producción casera hizo añicos el supermercado de la localidad de Viña del Mar, 125 kilómetros al oeste de la capital. En esta ocasión la detonación dejó herida con lesiones leves a una de las trabajadoras del inmueble propiedad de la cadena Tottus. Según han informado las autoridades, un miembro del equipo del limpieza del establecimiento manipuló un contenedor de basura, como otras tantas veces dentro de su rutina laboral, sin embargo esta vez el objeto saltó por los aires al momento ya que albergaba en su interior una botella de plástico rellena de material explosivo, ácido muriático, así como monedas y otros pequeños elementos metálicos que debían actuar a modo de metralla.


La presidenta chilena Michelle Bachelet acudió a ver a los pacientes ingresados y aseguró que cuando encuentren a los autores de los ataques, desde el ejecutivo les someterán a la Ley Antiterrorista. Aunque reconoció la necesidad urgente de optimizar la normativa, opina que estos hechos “no significan que se haya instalado el terrorismo en Chile”. Por otra parte, el gobierno chileno ha solicitado la colaboración de otros países y organismos internacionales en aras de dar caza a los responsables de los atentados. Fue anunciado el miércoles 10 por el fiscal Raúl Guzmán, en un comunicado oficial lanzado tras los sucesos del lunes.


En busca de un culpable


Desde el año 2005 Chile ha sufrido el azote de hasta 200 atentados y la mayoría de explosiones se han concentrado en la capital, Santiago. Existe además un patrón de actuación común en la mayoría de ataques: los terroristas depositaron los artefactos explosivos en los cajeros automáticos de varias sucursales bancarias. Con asiduidad, las autoridades se toparon con panfletos reivindicativos plagados de mensajes que exhortaban a llevar a cabo cambios en el sistema. Durante el último mes, la policía recibió hasta 18 llamadas alertando de la presencia de artefactos explosivos diseminados alrededor de la capital, que finalmente resultaron ser falsas. Aunque en esta ocasión las autoridades aún no han aclarado quiénes son los culpables, las primeras averiguaciones realizadas por fuentes oficiales apuntan a grupos anarquistas.


Hasta el momento continua la ausencia de pistas contundentes; el fiscal que se encuentra a cargo de la investigación oficial, Christian Toledo, ha adelantado que los últimos cálculos apuntan a un mínimo de tres hombres implicados. El fiscal jefe de la zona sur de Santiago, Raúl Guzmán, explicó que en los hechos ocurridos el lunes "no hay una situación de flagrancia, por lo que hay que tener la mayor cantidad de antecedentes, se están investigando grupos antisistema sin jerarquía. Son distintos grupos". Guzmán apuntó a que se han determinado las características físicas de los sospechosos, registradas por las cámaras de seguridad de las inmediaciones: “Del examen de las imágenes de lo que tenemos como sospechosos, hay dificultades para identificar características faciales, pero si que se pueden determinar características generales como tipo de vestimenta, estatura, contextura". Para Guzmán la clave está en los testimonios: "La declaración de los testigos puede ser esclarecedora y dar más información sobre él o los sospechosos".


Solo en lo que van de año el país acumula treinta agresiones de este calado y ni la Fiscalía ni las fuerzas de seguridad policiales han llegado a ofrecer cualquier tipo de aclaración. No obstante, ya sea debido al nuevo cariz que están tomando los ataques, llegando a inflingir heridas y lesiones a la ciudadanía, o bien por la estrecha continuidad de los dos últimos episodios de violencia, el pasado martes 9 el gobierno anunció sus planes para impulsar una paquete de reformas en diferentes esferas.


El ejecutivo socialista de Michelle Bachelet se reunió este miércoles con líderes políticos representantes del abanico de partidos opositores, con la intención de lograr un acuerdo de unidad de acción que permita aclarar los fenómenos ocurridos. Entre las nuevas iniciativas se encuentra la modificación de la actual Ley Antiterrorista, reforzando las atribuciones de la Agencia Nacional de Seguridad a la vez que se incrementan los recursos destinados a la financiación de este aparato. También se creará una nueva división dentro del cuerpo de policía, una Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, un grupo de expertos en materia terrorista y delincuencia a gran escala, común en la mayoría de países pero innecesario hasta la ocasión, a juicio de las autoridades chilenas, que no han tenido que hacer frente a ataques de esta escala desde el regreso de la democracia al que se considera uno de los países más seguros de Sudamérica.


Aniversario del derrocamiento de Salvador Allende


Como viene siendo habitual cada 11 de septiembre, el jueves pasado el Palacio de la Moneda, donde Allende perdió los mandos del país y su vida, acogió una ceremonia de conmemorativa que este año contó con Michelle Bachelet en el papel de anfitriona y la asistencia de otros 500 invitados ilustres: los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, entre otras caras imborrables del panorama político chileno. La atmósfera de violencia y miedo bajo la que Chile ha vivido en los últimos días empañó la celebración y desde la noche del lunes se temió por el recrudecimiento de las protestas que cada año por estas fechas se dan en los barrios aledaños al Palacio, protagonizadas según el gobierno por “grupos antisistema” que levantan barricadas y se enfrentan a las fuerzas de seguridad que intentan contenerles. En el perímetro de la casa presidencial se aglutinaron hasta medio millar de personas y depositaron claveles a su alrededor en recuerdo a las víctimas de torturas y ejecuciones del régimen militar.


Bachelet aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a la tranquilidad: "En Chile no hay ni puede haber espacio para la violencia, para el miedo o el temor". "Nuestra memoria no es un lastre, sino el motor de nuestra responsabilidad con el presente y el futuro",aseguró la mandataria. A nivel político las controversias vinieron por parte de las facciones opositoras al ejecutivo, que apoyan abiertamente la dictadura de Pinochet y abogan por el regreso del régimen militar, destacando principalmente las formaciones de Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.


El senador de UDI, Iván Moreira, pidió que el aniversario del “movimiento militar” deje de ser una “fecha de división” y llamó a alcanzar un “pacto social” de cara al futuro. Moreira no tuvo palabras bonitas para la derecha chilena, acusa a los partidos más moderados y a los miembros de sus nuevas generaciones de haberse dejado “arrinconar” por los sectores de la izquierda, destacando especialmente al Partido Comunista, al que acusó de actuar “con una autoridad moral que no tiene”. La polémica está servida desde que diversas asociaciones militares pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Carabineros publicaron un comunicado conjunto en el diario La Tercera en el que reprobaban las sentencias de los procesos judiciales por los que varios militares fueron condenados acusados de violar los Derechos Humanos bajo las órdenes de Pinochet.