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América Latina

Detenidas tres personas sospechosas de los ataques en Chile

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Por: Alba Gallego


 


"Vamos a aplicar todas las medidas para asegurar que las personas puedan seguir viviendo sus vidas en tranquilidad y en paz", aseguró la presidenta de Chile, Michelle Bachelet durante los actos oficiales del 11 de septiembre organizados en el Palacio de la Moneda, donde un año más se recordaba la caída de Salvador Allende.


Dicho y hecho: en siete días la socialista ha conseguido devolver a la población la calma sesgada por los ataques. Su reacción al conocer la captura de los delincuentes fue de alivio y pero también desprendía orgullo: "Nos muestra que un trabajo coordinado, profesional y permanente, es el camino para aclarar los hechos y castigar con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables", afirmó la presidenta.


El fiscal jefe de la zona sur de Santiago, Raúl Guzmán, explicó 48 horas después del atentado del lunes 8 de septiembre, que las fuerzas de seguridad del país habían aunando esfuerzos en una investigación cuyos primeros pasos señalaban a tres individuos. Finalmente, según reveló el Ministerio Público de Chile, Guillermo Durán, Natalia Casanova y Juan Flores descansan desde el jueves 18 de septiembre en dependencias policiales donde aguardarán hasta el 23 de septiembre a la espera de ser procesados o puestos en libertad.


Los dos hombres junto con la mujer, todos entre los 22 y 26 años de edad, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad la madrugada del 17 de septiembre. Sirvieron de apoyo los datos revelados por las imágenes registradas en las cámaras de seguridad que se encuentran situadas en los aledaños del centro comercial, donde 14 personas resultaron heridas tras la explosión de la primera bomba. Aunque la mala calidad de las grabaciones acarreó “dificultades para identificar las características faciales”, los responsables de la investigación pudieron valerse de otros detalles, tales como “la vestimenta, la estatura y la contextura”, según apuntó Raúl Guzmán.


El principal sospechoso, Juan Flores Riquelme, se encontraba en libertad vigilada en el momento de su detención, tras haber sido condenado a tres años y un día de prisión en el año 2013, acusado de un delito de robo con intimidación. Se entiende que Flores ha sido el brazo ejecutor de la operación terrorista que envolvió al centro comercial; Nataly Casanova, por su parte, habría sido cómplice en la preparación del atentado y Guillermo Durán está relacionado con la explosión del cuartel policial de El Bosque el pasado 12 de agosto.


El operativo de captura contó con la participación de más de 200 agentes, entre Carabineros –policías militarizados– y el Grupo de Operaciones Especiales. Divididos en varias formaciones, los oficiales barrieron varios municipios de la capital: La Granja, San Bernardo y La Pintana, allanando un total de seis viviendas. Entre todos los elementos encontrados durante los registros, las autoridades se hicieron con varias herramientas, prendas de ropa y otros utensilios que contenían vestigios de explosivos en su interior. Además, según las declaraciones de diversas fuentes implicadas en la operación, confiscaron también “pólvora y otros artículos destinados a la fabricación de bombas”.


En base a las citadas incautaciones, Guzmán afirmó que se están llevando a cabo una serie de diligencias específicas de carácter científico y adelantó que, a su juicio, se enfrentan a una “célula bastante compacta y hermética”. Siguiendo en la misma línea, el director general del cuerpo de Carabineros, Gustavo González, destacó que no son detenciones “al azar” y habló también de esas “pruebas científicas” que ayudarán a esclarecer los hechos.


 


En busca de un patrón


Por otra parte, los detenidos no solo han sido señalados por las autoridades como sospechosos de estos dos últimos atentados acaecidos en el mes de septiembre, sino que la sombra de acusaciones que se cierne sobre estos individuos se remonta a una serie de ataques del mismo tinte acaecidos durante los últimos meses, aunque nunca habían llegado a involucrar a la ciudadanía.


Solo desde el año 2005, Chile ha sufrido el azote de hasta 200 atentados y la mayoría de explosiones se han concentrado en la capital, Santiago. Existe además un patrón de actuación común en la mayoría de ataques: los terroristas depositaron los artefactos explosivos en los cajeros automáticos de varias sucursales bancarias. Con asiduidad, las autoridades se toparon con panfletos reivindicativos plagados de mensajes que exhortaban a llevar a cabo cambios en el sistema.


Solo en lo que van de año, el país acumula treinta agresiones de este calado y ni la Fiscalía ni las fuerzas de seguridad policiales han llegado a ofrecer cualquier tipo de aclaración. No obstante, ya sea debido al nuevo cariz que están tomando los ataques, llegando a inflingir heridas y lesiones a los ciudadanos, o bien por la estrecha continuidad de los dos últimos episodios de violencia, el pasado martes 9 de septiembre el gobierno anunció sus planes para impulsar una paquete de reformas en diferentes esferas.


 


El halo de seguridad


Pese al repunte sibilino que han sufrido las cifras de delincuencia durante los últimos años, la imagen de Chile en el exterior siempre ha estado rodeada por un aura de solidez y protección. Tal es así que, en la publicación del Índice de la Paz del año 2012, la organización situó al país como el más pacífico de todo el continente, superado únicamente por Canadá.


A consecuencia de la tensión silenciosa que impera en todo Chile desde los atentados, la nación ha visto empañado su estatus de país más seguro de Sudamérica. Empero, con los datos sobre la mesa, cabe preguntarse qué tan seguro es el país andino en realidad.


Cierto es que en transcurso del tiempo, la opinión pública ha sido testigo de un recrudecimiento evidente de la violencia en toda Latinoamérica del que Chile parece haber conseguido mantenerse al margen. A tenor de los estudios revelados por diferentes organizaciones, Chile tiene una tasa de 3,1 homicidios en comparación con el 90,4 de Honduras. No obstante, la realidad es que ese 3,1 se traduce en una media de 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una cifra que se encuentra a años luz de los resultados obtenidos por los principales países desarrollados, que no registran más de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes.