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España

Mas sigue adelante pese a las advertencias del Gobierno

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Por: Ricardo Miranda


 


 


 


El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha sido tajante y ha confirmado que “la consulta del 9-N se mantiene”. Así lo anunciaba tras la reunión que celebró el pasado viernes con los representantes de los cuatro grupos parlamentarios que apoyan la consulta de autodeterminación de Cataluña. En dicha reunión acordaron "mantener la convocatoria de la votación con la voluntad de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto el 9 de noviembre".


Tras la reunión, el consejero de Presidencia, Francesc Homs compareció ante los medios en el Palau de la Generalitat y pidió al Tribunal Constitucional que aplace la suspensión del 9-N “lo antes posible”. En su declaración, también aseguró que la Generalitat mantiene la votación y que ahora su objetivo es analizar "cómo garantizar la convocatoria" de la misma.


Mas ya ha dado el primer paso y ha aprobado el decreto de nombramiento de los siete miembros que integrarán la Comisión de Control de la Ley de Consultas —equivalente a una Junta Electoral— el pasado jueves. El hecho de cómo llevar a cabo la consulta ha sido otro de los motivos que urgían a la reunión, ya que ciertos aspectos de la organización de la consulta deben ponerse en marcha ya. Por ejemplo, el registro de población debe estar listo antes del 12 de octubre.


La reunión se produjo tras la suspensión de forma cautelar por parte del Tribunal Constitucional, tanto de la ley de consultas como de la convocatoria del 9-N. Pero Mas se ve obligado a seguir adelante ya que se había comprometido a celebrar una cumbre de partidos si esto sucedía.


 


 


El Ejecutivo irá ante el Tribunal Constitucional
La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. A la misma hora que Homs intervenía ante los medios, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo irá al Tribunal Constitucional por el decreto de creación de la junta electoral catalana firmado el jueves por Artur Mas. La vicepresidenta alegó que ese decreto supone un claro "incumplimiento" de la suspensión de la consulta ordenada por el propio Tribunal Constitucional.


Sáenz de Santamaría mencionó a Mas para preguntarse si el presidente se va manifestar y aclarar si acatará la decisión del Tribunal Constitucional o si va a continuar en la línea del incumplimiento, como hizo el viernes con la firma "novedosa, sin precedentes" de ese decreto. "Los ciudadanos tienen derecho a saber que las resoluciones de los tribunales se cumplen y se respetan", subrayó la vicepresidenta, quien anunció que la Fiscalía también estará muy pendiente ante la posible comisión de algún delito.


La vicepresidenta afirmó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy seguirá su línea de respuesta habitual. "El Gobierno cumplirá con la misma firmeza serena con su misión de defender el Estado de derecho", sentenció. Y, como "son los tribunales los que se encargan de hacer cumplir la ley", será la Abogacía del Estado la encargada de recurrir el último decreto de Mas y todos los que pudieran llegar en un futuro.


La vicepresidenta prometió que el Gobierno actuará con "la misma firmeza serena" en su obligación de hacer cumplir la ley y reiteró que nadie decide "qué ley se cumple y qué ley no se cumple" ni tampoco cómo se cumplen las leyes, pues eso lo determinan los tribunales.


Sáez de Santamaría concluyó diciendo que nadie puede diseñar la democracia a su medida, porque está diseñada a la medida de los derechos de los españoles", declaró la vicepresidenta, quien se ha preguntado qué autoridad tiene un gobernante para pedir el cumplimiento de las leyes si él mismo no las cumple.