7 °C
España

Nuevo escándalo en Caja Madrid

|

Por: Andrés Gago


 


 


 


Entre el 2003 y el 2011, 86 consejeros, asociados a los principales partidos políticos del país y sindicatos, cargaron gastos personales por el valor de unos 15,2 millones de euros a través de tarjetas “opacas”. Estas tarjetas se concedían a los altos directivos y consejeros de la caja al margen de la cuenta de gastos de representación.


Las heces de nuestro sistema político siguen aflorando en una primavera sempiterna. A los españoles ya no nos sorprende que hombres y mujeres pertenecientes a partidos políticos estén relacionados con actos delictivos, especialmente de corrupción y despilfarro de dinero público.


Ahora bien, que me explique alguien como los compañeros de sindicato de los miembros del “Club Visa” podían pasar por alto el tren de vida de los sindicalistas miembros del consejo de dirección de la caja, en medio de esa atmósfera de humildad obrera de la que tanto se enorgullecen de puertas a fuera.


Tanto sindicatos, como partidos políticos se han lavado las manos recriminado y señalado de forma individualizada la mala practica y falta de sentido ético de estos individuos. Estas organizaciones, se han encargado de matizar que en ningún caso, tenían constancia de tales tarjetas.


Sin embargo, la ignorancia por parte de partidos y sindicatos acerca de las tarjetas es difícil de creer. De acuerdo con la afirmación de Pablo Abejas, destituido de la dirección general de Economía de la Comunidad de Madrid, “esta practica se sabía por todo el mundo desde el año 1987”. Dos años después de que las cajas pasarán a ser dominadas por los partidos políticos. Y yo, como tantísimos otros también me lo creo.


Una evidencia de la connivencia de las organizaciones políticas es que estos hechos de corrupción siempre salen a la luz cuando el delito ya ha prescrito y los infractores salen indemnes sin tener que rendir cuentas.


De esta forma, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el uso de las tarjetas no incurría en delito en el caso concreto de cada directivo, debido a que las cuantías supuestamente cargadas durante los años 2010 y 2012, que son los ejercicios que todavía no han prescrito, no llegarían al umbral de delito fiscal fijado en 120.000 euros.


Tan solo “se enfrentarían a una posible infracción tributaria, ya que habrían defraudado en el IRPF por no declarar esos importes como rendimientos de trabajo”.


En algunos periódicos nacionales, el hecho de que algunas de las figuras políticas afectadas por el escándalo, hayan o vayan a devolver el dinero, se ha querido presentar como un acto de reconciliación con sus conciencias y de enmienda del pecado cometido. Sin embargo, esta devolución solo se habría efectuado, o se efectuará, curiosamente, a partir del año 2010.


Otra formula con la que estos individuos, conocedores de las lagunas y el funcionamiento de la agencia tributaria, como el caso de Miguel Blesa y Estanislao Rodríguez Ponga, Inspectores de hacienda, sería haber utilizado la amnistía fiscal ofrecida por el gobierno en el 2012, para normalizar los sobresueldos y los gastos efectuados a través de las tarjetas opacas.


De momento, la respuesta judicial es la única táctica prevista por el Ejecutivo, al menos, hasta que Mas desvele todas sus cartas