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España regresa a la época más oscura del franquismo

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Jaime Peña


Hace unos días se vivieron momentos tensos en España tras la aprobación por el pleno del Congreso, con los únicos votos del PP, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que, entre otras cuestiones, regulariza las ‘devoluciones en caliente’, prohíbe las redadas indiscriminadas y castiga las manifestaciones frente al Congreso que provoquen disturbios, pero también penaliza la libertad sexual y el libre movimiento de determinados ciudadanos. Todo un paso hacia atrás en las libertades que se habían ganado en décadas anteriores, también se ha dado un paso atrás en derechos laborales. La corrupción política sigue siendo la asignatura pendiente en España pero los políticos siguen mirando a otro lado y sólo creando leyes que coarte la libertad del ciudadano de a pie.
Esta semana pasada, la norma salió adelante con 181 votos a favor, 140 en contra y una abstención. La nueva ley, que entrará en vigor en julio próximo, sustituye a la vigente, que databa de 1992 y que era la llamada ‘Ley Corcuera’. La nueva regulación sobre seguridad ciudadana, entre otros aspectos, regulariza las ‘devoluciones en caliente’ o el ‘rechazo en frontera’ en lugares como Ceuta y Melilla. Además, prohíbe las redadas indiscriminadas y regula los cacheos.
Además, castiga nuevas conductas, como usar un láser contra un piloto de aviones o un conductor en la carretera. También tipifica como falta grave “la perturbación grave de la seguridad ciudadana” en protestas frente al Congreso, el Senado o las sedes de los parlamentos autonómicos.


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Crítica unánime a la Ley de Seguridad Ciudadana
Todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados, con excepción del PP, han criticado de forma unánime el "Estado policial" y el "despotismo" implícito en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Durante el debate, al que ha asistido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el diputado extremeño del PSOE en el Congreso Ignacio Sánchez Amor, ha criticado el recorte de derechos incluido en la norma para todas aquellas personas que acuden a Madrid para participar en manifestaciones con la intención de "sentirse ciudadanos".

En su opinión, nadie ha pedido esta regulación legislativa que no se corresponde con las necesidades de la ciudadanía ya que son escasos los españoles que sienten que existen problemas de seguridad.

Especialmente crítico ha sido el diputado de IU Ricardo Sixto que ha realizado un paralelismo entre esta norma y las vigentes durante la época franquista, debido a que incluye la ejecución de sanciones administrativas por conductas que no son delito. También el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que ha lamentado la "innecesaria represión" incluida en la nueva ley, que ha calificado como "perversa".

Estos argumentos han intentado ser rebatidos por el 'popular' Conrado Escobar que ha asegurado que tiene "la tranquilidad" de que el texto constituirá un avance para la convivencia y un refuerzo a nuestra democracia.

Desde su punto de vista, incrementa la protección de los ciudadanos "de quienes pasean, del niño, de la abuela". "Nuestra marca es la libertad, la suya todavía no la han encontrado", ha espetado dirigiéndose al socialista Sánchez Amor.
Las 44 conductas sancionables
Faltas muy graves: entre 30.001 Y 600.000 euros de sanción
Manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas.
Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados.


Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.
Faltas graves: entre 601 y 30.000 euros de multa
La perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al Congreso, el Senado y asambleas autonómicas aunque no estuvieran reunidas.
Causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas.
Impedir a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Este punto sancionaría, por ejemplo, las concentraciones para impedir la ejecución de desahucios.
La desobediencia o la resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes.
Negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión. Entre estos supuestos se encuentra "cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes" por lo que podría emplearse esta infracción para sancionar los llamados escraches.
Portar armas prohibidas o portar o usar armas de modo negligente y temerario o fuera de los lugares habilitados para ello.
Solicitar y disfrutar (por parte del demandante) de servicios sexuales en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial. Negarse a las inspecciones en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello.
El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas (las cundas).
Plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.
La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias.
Dar datos falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley.