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​Crisis política: Perú sin Congreso

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Dicen que "La voz del pueblo es la voz de Dios", para muchos esta voz no escuchada fue la que detonó la actual situación en el Perú. Con un Poder Legislativo disuelto y la convocatoria a elecciones para elegir un nuevo parlamento, los hechos políticos cambian día a día casi a ritmo trepidante. Las diferencias entre los poderes del Estado se acentúan entre un esperado pronunciamiento del Tribunal Constitucional y un 84 por ciento de la población que apoya la decisión presidencial de cierre del Congreso.


Peru


Por César Pastor Gamarra

Según las últimas encuestas publicadas a los siete días de la disolución del parlamento peruano, un 84% de la población está a favor de esta medida y apoya la decisión que tomó el presidente Martín Vizcarra. Asimismo, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que desarrolló la consulta entre el pasado 2 y 4 de octubre en siete regiones del país, informó que tras el cierre del Congreso el nivel de aprobación del jefe de Estado peruano subió de un 40% a un 75 por ciento.

Estos resultados podrían ratificar lo que se percibe en las calles en los últimos días y parecen confirmar lo que era un deseo de al menos una gran parte de la ciudadanía. Lo cierto es que casi toda la clase política, pero de manera especial los congresistas del clausurado parlamento con su mayoría fujimorista tienen serios cuestionamientos por casos de corrupción, blindajes a correligionarios, a altos magistrados investigados y serías acusaciones por audios revelados, chats de WhatsApp y denuncias que comprobarían un plan de la mayoría opositora para copar las instituciones del Estado.

El estudio de opinión realizado por el IEP con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2,8%, también arroja que tras los últimos acontecimientos hasta un 76% de la población reconoce a Martin Vizcarra como presidente constitucional del Perú, mientras que un 20 % considera que actualmente no hay un jefe del Ejecutivo. Como se sabe, al día siguiente del cierre del Congreso la mayoría de ex parlamentarios que hoy forman la Comisión Permanente del Congreso, únicos autorizados a seguir sesionando en el hemiciclo, procedieron a declarar la vacancia del jefe de Estado por incapacidad y nombraron a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como nueva presidenta del Perú. Solo unas horas después Aráoz Fernández comunicó su renuncia irrevocable al cargo de vicepresidenta y en ese momento presidenta en funciones.

¿Se subestimó al presidente?

El 30 de septiembre pasado ya es una fecha histórica para todos los peruanos.  Vizcarra cerró el Congreso en un hecho insólito en el Perú, pero contemplado dentro de la Carta Magna como un mecanismo constitucionalmente viable. El clima político estalló y las permanentes peleas entre el poder Ejecutivo y Legislativo desataron la disolución y cierre del parlamento. Solo cuatro días antes, la Comisión de Constitución del Congreso, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra había archivado el proyecto de adelanto de elecciones de Martín Vizcarra, sin siquiera permitir su debate en el pleno del Legislativo, en ese pedido Vizcarra Cornejo proponía reducir los mandatos legislativos y ejecutivo para con una especie de “nos vamos todos”, buscar una salida al entrampamiento político que afectaba a la nación.

Como respuesta el jefe de Estado anunció que presentaría al Poder Legislativo una cuestión de confianza para regular los procedimientos en la elección de los miembros del máximo órgano constitucional, en pocos días se debía votar por los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC) y se acusaba al fujimorismo y sus aliados de haber presentado y elegido candidatos en media hora, muchos afines a sus intereses, además de la denuncia de una magistrada integrante, de habérsele sugerido mantener su cargo si ayudaba en la liberación de la líder fujimorista Keiko Fujimori, actualmente en prisión preliminar.

Martín Vizcarra había anunciado en la víspera que si el Congreso se oponía a debatir la cuestión de confianza o elegía antes y “a su manera” a los nuevos tribunos lo interpretaría como una denegación y procedería a cerrar el parlamento siguiendo estrictamente lo que dicta la Constitución. Ese día en una sesión accidentada, el Congreso eligió al primer miembro del TC a pesar de estar ya presentada la moción de confianza que se acordó discutir horas más tarde. Martín Vizcarra se dirigió a todo el país y cumplió su palabra anunciado el cierre del Congreso, mientras que el parlamento se apuraba a enmendarse aprobando la cuestión de confianza tardíamente y con prisas, aunque ya no había nada que hacer, el presidente había tomado su decisión.

La respuesta de los disueltos

Disuelto el Congreso los ex parlamentarios no han dejado de acusar al jefe del Ejecutivo de dictador y de haber perpetrado un golpe de Estado llegando a calificarlo como  la ´´reencarnación de Hugo Chávez`` por parte del ala dura del fujimorismo, mientras que gran parte del pueblo que recibió con alegría el cierre parlamentario, responde acusando a los políticos disueltos, ahora miembros de la Comisión Permanente de estar en un proceso de negación que los hace aferrarse al cargo que nunca supieron honrar.

Para el expresidente del Congreso Pedro Olaechea, el TC debería dirimir en lo que considera un conflicto de competencias y por eso declaró que esperara la decisión de este tribunal. “Como Comisión Permanente, estamos facultados para ir al Tribunal Constitucional y pedirle que dirima esta diferencia que estamos teniendo con el Ejecutivo, ellos tienen la facultad de dirimir cuando los poderes del Estado intervienen en la competencia del otro”, señaló Olaechea Álvarez-Calderón , mientras que para un sector de especialistas políticos este pedido no tiene ninguna validez y el TC no tendría porque pronunciarse puesto que la acción competencial ha sido solicitada por una entidad  ya disuelta, y tampoco ha sido aprobada por el pleno de la misma, porque “simplemente ya no existe”.

Desde la perspectiva internacional la mayoría de especialistas y medios de informativos como el diario español El País, también coinciden que el cierre del Congreso no se trata de un golpe de Estado, sino de la aplicación de una prerrogativa presidencial contemplada en la Constitución peruana la cual dicta que al producirse dos veces la denegación de un pedido de confianza por parte del Legislativo hacia el Poder Ejecutivo, el gabinete de ministros debe renunciar y el jefe de Estado, puede, si así lo decide, cerrar el Congreso y convocar inmediatamente a nuevas elecciones.

Lo que si no se puede negar desde ningún frente es la existencia de una crisis política que necesita resolverse a la brevedad posible por el bien del país.

El pueblo vigila

El 26 de enero próximo se realizarán nuevas elecciones para elegir a un nuevo Congreso, los partidos políticos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones deben presentar candidatos a estos comicios si no quieren perder su inscripción. Hasta el momento de elaborar este artículo Fuerza Popular no había decidido su participación. Desde la ciudadanía se piden caras nuevas, oportunidad a políticos jóvenes y solo gente honesta para que no vuelva a pasar todo lo vivido. El pueblo tiene la enorme responsabilidad de esta vez elegir bien e informarse antes de empoderar a quienes quizá no lo merezcan.

El agradecimiento y apoyo recibido por Vizcarra tras el cierre del Congreso, no quiere decir que se le esté dando un cheque en blanco. Hay una parte de la población que exige que él también debería renunciar. La medida extrema de haber cerrado el Congreso solo se verá justificada y finalmente validada por la calle si Vizcarra se dedica a solucionar los grandes problemas que atraviesa el país.

La mayoría de la oposición y sus aliados seguramente seguirán dando la batalla a lo que ellos consideran un golpe de Estado. Todo mientras se esperan más revelaciones sobre los excongresistas que habrían financiado sus campañas con dinero mal habido de la constructora Odebrecht, se espera un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de haberse cerrado el Congreso. Vizcarra ha dicho que, de darse un fallo adverso al ejecutivo, se respetará y cumplirá lo que diga el TC.

A Martin Vizcarra Cornejo le queda gobernar, gestionar y resolver los problemas que tiene el Perú, solo así honrará la cuestión de confianza que le ha dado a él una gran parte del pueblo.