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​Orden de compra obligatoria en Seven Sisters

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El Concejo de Haringey confirmó a través de un comunicado que continuará con la demolición de Wards Corner Latin Village, más conocido como el ‘Pueblito Paisa’, para la ejecución de un plan de reurbanización más amplio.


Por Ulysses Maldonado


El Concejo ha dicho que un importante plan de reurbanización en Seven Sisters que conlleva la demolición de su mercado interior conocido como Latin Village o Pueblito Paisa seguirá adelante siguiendo la recomendación del gobierno en la que se confirma la orden de compra obligatoria (CPO) relacionada con la tierra en el área.

El líder del Concejo, Joseph Ejiofor, dijo en una declaración: “La decisión significa que, junto con nuestro socio de construcción Grainger, ahora podremos seguir adelante con los planes para crear un Seven Sisters revitalizado”.

“Esperamos que este esquema cree cientos de nuevos puestos de trabajo, espacios comerciales de calidad y casi 200 viviendas junto con un nuevo mercado más próspero”, agregó.

Un informe para el gobierno sobre el CPO compilado por el inspector de planificación, John Felgate, estableció una "justificación convincente" para el futuro, diciendo que la reurbanización del sitio Wards Corner, que incluye a la comunidad Latina, "tendría el potencial de ayudar de difundir más ampliamente los beneficios de las iniciativas de regeneración del concejo, y actuaría como un catalizador para la renovación de otros lugares alrededor de Seven Sisters y en áreas adyacentes”.

Así mismo añadió que “se ha demostrado que tal renovación y regeneración son muy necesarias para el interés público”.

La decisión de Felgate permitirá al concejo tomar posesión de áreas del sitio de Wards Corner que Grainger no ha podido comprar por sí mismo, lo que permite que el proyecto de redesarrollo continúe.

Ha habido una campaña de larga duración para evitar el cierre del ‘Pueblito Paisa’ en su sitio actual. El consentimiento de planificación actual de Grainger se obtuvo del concejo en 2012 y una "escritura de variación" de 2017 estipuló su reubicación temporal cerca y su regreso a su sitio actual más adelante.

La declaración de Ejiofor subraya que el concejo quiere ayudar a que se continúe con un mercado “exitoso y sostenible” y que “Grainger se ha comprometido a la reubicación gratuita en los nuevos mercados internos y permanentes, alquileres subsidiados, apoyo comercial y ayuda para promover el mercado”.

El terreno en el que se encuentra ubicado este mercado actualmente es propiedad de Transport for London, que tiene un acuerdo para transferirlo a Grainger.

Un grupo llamado N15 Development Trust recaudó £9,230 de 353 personas a través de una campaña de financiación colectiva para lograr un "Plan de la Comunidad de Wards Corner" que dijo que "compraría el edificio y lo pondría bajo el control democrático de los residentes locales".

El texto de su sitio de financiamiento colectivo afirmaba que el proyecto de Grainger, significaría "desplazar a esta próspera comunidad local". Pero no mencionó el consentimiento de planificación, el acuerdo de 2007, las disposiciones de reubicación o la decisión pendiente del CPO.

Marta Hinestroza, una de las líderes de este proceso manifestó que estaba satisfecha con la decisión y que solo pide unidad por parte de los comerciantes para seguir adelante con lo acordado en la propuesta con Grainger para la reubicación del mercado al sitio temporal en el edificio de Apex y su posterior ubicación en la nueva construcción.

“Se ha respetado el tema de los derechos humanos en cuanto a respeto a la minoría étnica, al espacio, a la cultura y la identidad que han sido tenidas en cuenta en este fallo y esto es muy importante”.

La opinión del concejo, según lo establecido en una investigación, dijo que ha habido “muchas alteraciones ilegales en el cableado eléctrico y los sistemas de iluminación” del mercado, haciendo que el edificio sea “un peligro para sus usuarios” y que los niveles de renta allí tendrían que aumentar para pagar reparaciones significativas.

Dijo que a los comerciantes actuales se les está proporcionando “protección y soporte”.

Las objeciones al CPO incluían invocar el Convenio Europeo de Derechos Humanos para reclamar que el plan dañaría la vida privada y familiar de los comerciantes, su derecho al "disfrute pacífico de las posesiones" y “discriminación", pero el inspector encontró que estos no aplicaban.

Llegó a la conclusión de que el plan "no dejaría a los comerciantes materialmente peor de lo que están ahora", lo que significa que "la cuestión de la discriminación, indirecta o de otro tipo, no tiene lugar".

Hinestroza manifestó que hay una iniciativa para apelar la decision, que es viable y se pueden agotar recursos, pero cree que será una situación complicada donde se requiere de otros expertos y recursos.

Ha pedido unidad de los comerciantes ya que ha sido un trabajo colectivo. "Quiero mencionar al colectivo de Londonlatinx con su energía y vitalidad ya que fueron fundamentales al igual que la Asociacion de Arte, Cultura y Educación que apoyaron y rodearon este proceso. Igualmente al grupo de Abogados que lo hicieron de manera muy profesional y ética".

"Ha sido un gran aprendizaje, tenemos que seguir mejorando, adaptándonos a las nuevas reglamentaciones y normas. Hay que capacitarse y crecer para integrarnos más con las comunidades del area", concluyó.