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Venezuela en examen preliminar

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P15 Luisa ortega



Aproximadamente 1693 elementos probatorios que sirven para corroborar las afirmaciones con respecto a la política represiva del actual gobierno en Venezuela y la sistemática violación de los Derechos Humanos, se espera que prosperen en el Tribunal de Justicia Internacional, quizás para dar un respiro al sin vivir por el que está pasando el pueblo del país suramericano.



Por: Carlos Manuel Ruiz Suárez


“Yo tengo mi conciencia tranquila porque no he cometido ningún delito. Serví a mi país con mucho orgullo y, como servidora pública, siempre he vigilado mis propias convicciones. Yo quiero decirle a la comunidad internacional que me he planteado la defensa de los venezolanos, me apoyen o no me apoyen”. Con estas tajantes palabras la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dejó bastante clara su posición con respecto a la ampliación de la denuncia presentada contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional.


La fugaz presencia en Madrid de la polémica abogada llamó la atención de los pocos periodistas que asistimos a la rueda de prensa oportunamente convocada por Venezuelan Press y la Fundación Diario Madrid-medio de comunicación que en época de Franco fue cerrado- para repasar las diligencias internacionales en materia de Derechos Humanos llevadas a cabo por la doctora.


A pocos días de su visita a La Haya, donde sostuvo varias reuniones con los representantes del máximo tribunal penal, Ortega Díaz, una vez más ratificó la continua violación sistemática de los Derechos Humanos en Venezuela, caracterizada “por la cruel represión y persecución al pensamiento disidente y de todo aquel que no milita con el actual gobierno”.

Como no pocos sabemos, la situación del país caribeño, aún rico en petróleo, en estos momentos es sumamente grave. Para nadie es sorpresa que la población se encuentra reprimida de derechos tan fundamentales como la alimentación, la salud o el derecho a la comunicación.


Vale la pena recordar, que por estas inexplicables razones que afectan directamente al colectivo, la magistrada que, hasta hace poco trabajó para el actual gobierno, denunció en Ginebra, el 16 de noviembre del año pasado, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a cuatro militares, al Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, al Ministro de Justicia, Néstor Luis Reverol Torres, al Jefe de la Policía Política, Gustavo González López y al igual que a que fue Comandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, por crímenes de lesa humanidad.


“El principal responsable de lo que está ocurriendo en Venezuela es Nicolás Maduro. No solamente he presentado distintas acciones contra él ante la Corte Penal Internacional, sino también en Brasil y ante el legítimo Tribunal Supremo Venezolano. Tengo el temor que éstos crímenes y agresiones contra el ciudadano se profundicen, por lo que es necesario adoptar medidas urgentes para detener é ste atropello”.


Militarización Ciudadana


Ante tales acusaciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien aprovechó para recalcarle a la audiencia periodística que su cargo no fue nombrado por el difunto Hugo Chávez Frías, sino por el Parlamento-Asamblea Nacional- a través de un proceso que está establecido en la Constitución venezolana, saltó la pregunta que cualquier ciudadano común puede hacerse: ¿Qué pruebas contundentes tiene la jurista contra el gobierno de Nicolás Maduro y los altos jerarcas del actual gobierno que pudieran comprometer su libertad? La respuesta fue contundente.


“Yo consigné ante la Corte Penal Internacional, 1693 elementos probatorios que sirven para corroborar las afirmaciones que hice con respecto a la política del gobierno para violar los derechos humanos que, no sólo demuestran que no son hechos aislados sino que son hechos sistemáticos, permanentes y continuos”.




Pero, ¿Qué realmente hay que probar ante la Corte Penal Internacional? Fue la segunda pregunta para salir de las innumerables dudas como novato en la materia. Ortega Díaz, aclaró que “no es probar porque en éste momento yo no tengo la carga de la prueba”, e insistió en que ella sólo presentó evidencias claves para determinar si las pruebas tienen la verdadera carga a considerar en la investigación.


Por ejemplo, la catedrática contó que la resolución 8610, emitida por el Ministerio de la Defensa venezolano pone en peligro la seguridad ciudadana ya que autoriza el uso de armas de fuego en las manifestaciones. “Existen planes de seguridad ciudadana aparentemente como el Plan Rondón, que autoriza al Ejercito a ejercer el control total, más grave aún, especifica claramente que El Ejercito debe perseguir al enemigo, acusarlo y aniquilarlo como si fuese un objetivo militar”.


Ateniéndose a las consecuencias de tan comprometedoras acusaciones, la letrada Ortega Díaz, informó que también ha consignado más de 200 autopsias de personas fallecidas entre los años 2015 y 2017, donde se ejecutaron aproximadamente 8700 individuos por los cuerpos de seguridad del Estado. “En todo ese universo de ejecutados escogimos ese número autopsias para comprobar las verdaderas causas de muerte, sobre todo por impacto de proyectiles en zonas letales. Asimismo, las experticias balísticas demostraron la incorporación de elementos como metras y otros objetos metálicos para hacer más letal el impacto”.


Según, Ortega Díaz, en un Estado se pueden violar los Derechos Humanos, el punto es que esas violaciones sean investigadas y que a los responsables se les sancione con todo el peso de la ley. “ En Venezuela no hay leyes ni sanciones. Los organismos no están adoptando las acciones necesarias para que se investigue”, dijo al tiempo que a tono reflexivo recordó la tragedia por la que está atravesando el pueblo venezolano. “Es una cosa nunca vivida que está por encima de los intereses de un grupo determinado. Es triste ver como en un país tan rico como el nuestro sus habitantes tengan que irse a otra nación donde están en desventaja. El gobierno en vez de proteger a sus nacionales lo que hace es perseguirlo y atropellarlo”.


Quien también tuvo la oportunidad de reunirse en Ginebra con los venezolanos residentes en esa ciudad de Suiza, cree que la mediación internacional va a ser determinante para el rescate del Estado de Derecho en Venezuela, siempre y cuando haya unión y cohesión de todos los venezolanos. Sin rodeos, la experta en leyes señaló la importancia que tiene la denuncia de tan lamentables hechos y sin más que decir se levantó y soltó en voz alta: “Me defenderé. Si hay algo que conozco es el Derecho. Crean en mi o no crean en mi”.